Ambos legisladores presentaron la iniciativa para derogar el “pacto de impunidad” y mañana será presentada al pleno.
Tegucigalpa. La vicepresidenta del Congreso Nacional de Honduras, Lissi Matute Cano, presentó la tarde de este martes una iniciativa para derogar el decreto 04-2022. Esta normativa es conocida como “Pacto de Impunidad 2.0”.
Según la propuesta, el decreto permitió otorgar cartas de libertad a personas vinculadas al Partido Libertad y Refundación, acusadas por delitos de corrupción. La iniciativa plantea dejar sin valor ni efecto esas cartas de libertad. Algunas fueron entregadas a personas con sentencias firmes y otras a imputados con procesos en curso.
El proyecto busca derogar los artículos 1, 4, 5, 6 y 7 del decreto 04-2022. Este fue publicado el 2 de febrero de 2022 en el Diario Oficial La Gaceta, bajo la ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan.
En la exposición de motivos, el artículo 2 establece que se deben dejar sin efecto las cartas de libertad otorgadas mediante la amnistía aprobada en ese decreto. El artículo 3 señala que jueces y tribunales deberán revisar de oficio las causas penales donde se concedieron estos beneficios. También indica que se debe continuar con la judicialización inmediata, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa.
Además, la iniciativa propone anular el archivo administrativo otorgado en el Ministerio Público, sus dependencias, juzgados y tribunales, en los expedientes relacionados con los delitos señalados en el artículo 4 del decreto 04-2022.
La diputada Lissi Cano afirmó que la propuesta no es una vendetta política ni un ajuste de cuentas. El decreto fue turnado a la comisión de dictamen que preside el diputado Mario Alonso Pérez. Esta comisión deberá presentar su informe en la sesión del miércoles 25 de febrero de 2026.
Aprobación del pacto de impunidad 2.0
El decreto 04-2022 se aprobó el 2 de febrero del 2022 y fue llamado Amnistía para los Presos Políticos y Reconocimiento a los Mártires y Condena al Golpe de Estado en 2009.
La amnistía abarcó a las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009, y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado.
Pese a que fueron acusados por delitos de corrupción pública, el Decreto de Amnistía amplia y plena aprobado bajo el paraguas de “presos políticos” en el Congreso Nacional que dirigió Luis Redondo, les abrió las puertas de prisión a prominentes personajes políticos del Partido Libertad y Refundación.
El decreto incluyó delitos como: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados y otros más, incluso de criminalidad organizada.
