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OABI toma control de 15 bienes del general Romeo Vásquez por orden judicial

Tegucigalpa, Honduras – La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) confirmó este martes 29 de julio que ha recibido instrucciones formales para asumir la administración de un conjunto de bienes pertenecientes al general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, actualmente prófugo de la justicia hondureña.

El director ejecutivo de la OABI, Marco Zelaya, informó que la orden proviene del Tribunal Especial en Materia de Criminalidad Organizada, el cual autorizó la toma de posesión de 15 bienes inmuebles, además de otras propiedades asociadas al exjefe del Estado Mayor Conjunto.

Bienes bajo administración estatal

Zelaya explicó que los inmuebles están ubicados en el departamento de Olancho y fueron previamente requisados, periciados e investigados por las autoridades competentes. A estos se suman una sociedad mercantil registrada como comerciante individual, un vehículo y siete cuentas bancarias activas en distintas instituciones financieras del país.

“El día de ayer recibimos la instrucción oficial y ya estamos programando los procedimientos correspondientes para tomar posesión efectiva de los bienes”, detalló el funcionario. A la vez, señaló que no tiene información sobre la existencia de otras investigaciones o propiedades adicionales que puedan ser incluidas en este proceso.

Vásquez Velásquez: acusado y prófugo

Romeo Vásquez Velásquez enfrenta un proceso judicial por su supuesta implicación en la muerte de un activista de la resistencia popular, ocurrida durante la crisis política que atravesó Honduras en junio de 2009, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado. Desde entonces, el general retirado es considerado prófugo de la justicia.

Además, pesa sobre él un requerimiento fiscal por presunto enriquecimiento ilícito, relacionado con la adquisición de bienes que las autoridades consideran no corresponden a sus ingresos como servidor público.

Proceso en curso

La OABI tiene la función de administrar, proteger y conservar los bienes incautados por procesos judiciales vinculados a corrupción, crimen organizado o enriquecimiento ilícito. Con esta nueva asignación, la institución avanza en la recuperación de activos bajo sospecha de origen ilícito.

Por ahora, las autoridades no han confirmado si otros bienes del general retirado podrían ser incluidos en esta causa, aunque no se descarta que las investigaciones continúen.

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