
Tegucigalpa, Honduras – El empresario del rubro transporte y logística, Óscar Rivera, alzó la voz este jueves para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) el pago de 74 millones de lempiras, correspondientes a un contrato de servicios ejecutado durante el proceso de elecciones primarias, celebrado el pasado 9 de marzo.
Según Rivera, su empresa asumió el compromiso sin recibir anticipo alguno, bajo la promesa contractual de que el pago se efectuaría en un plazo razonable tras la ejecución del servicio.
“No recibimos ningún adelanto y aún así cumplimos. Hicimos nuestra parte y el evento electoral se llevó a cabo sin contratiempos gracias al trabajo logístico que aportamos”, aseguró.
Silencio del CNE preocupa al proveedor
El empresario expresó que desde hace más de tres meses ha intentado obtener una respuesta del CNE, sin éxito. “Hemos presentado al menos dos escritos formales solicitando el pago y nadie nos responde. Ese silencio institucional nos tiene alarmados”, lamentó.
Rivera agregó que se encuentra en una situación económica crítica y no descarta tomar otras medidas si no recibe respuesta en los próximos días.
“Nosotros asumimos obligaciones financieras con proveedores y bancos confiando en la palabra del CNE. No podemos seguir sosteniendo esta incertidumbre”.
Pide intervención del TSC y el Ministerio Público
Aunque reconoce que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público están revisando documentos y contratos relacionados con los fondos electorales, el empresario aseguró que su caso está completamente documentado y exige que se respete lo pactado legalmente.
“El contrato está firmado y el trabajo fue ejecutado. Si hay una investigación, que se haga, pero eso no puede ser excusa para no honrar compromisos que ya se cumplieron”, subrayó Rivera.
Este nuevo reclamo se suma a la creciente lista de denuncias contra el CNE por pagos pendientes a proveedores de servicios esenciales durante procesos electorales.
La situación ha encendido alertas sobre la gestión financiera del ente electoral y genera preocupaciones de cara a las elecciones generales de 2025, donde se espera un proceso más complejo y demandante.