Tegucigalpa, Honduras – La diputada por Copán del partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar, fue autorizada a ausentarse de sus funciones en el Congreso Nacional mientras enfrenta investigaciones relacionadas con el escándalo del llamado “cheque video”.
Así lo confirmó el presidente del Congreso, Luis Redondo, quien en conferencia de prensa afirmó haber concedido el permiso a Cuéllar “para que pueda aclarar su situación ante los entes fiscalizadores e investigadores del Estado”.
¿Seguirá recibiendo salario y aspirando a la reelección?
Redondo no detalló si Cuéllar seguirá recibiendo salario ni si mantendrá las prebendas a las que acceden los diputados durante su ausencia.
Tampoco aclaró si continuará como candidata en las elecciones internas del próximo 30 de noviembre, donde obtuvo la nominación para buscar la reelección como diputada por el departamento de Copán.
El permiso llega tras la filtración de un video en el que Cuéllar y el ahora exministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, discutían sobre el uso de millonarios fondos para actividades políticas del Partido Libre. El escándalo forzó la destitución de Cardona el pasado viernes.
Congreso ordena auditoría y Redondo advierte consecuencias
En su intervención, Redondo giró instrucciones al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para auditar en un plazo de 60 días todos los proyectos ejecutados con fondos asignados según el artículo 349 del Presupuesto General.
Señaló que cualquier irregularidad detectada deberá ser judicializada y el responsable, sin importar su cargo, deberá retirarse del Congreso.
Intentando desmarcar el escándalo de Libre del anterior Fondo Departamental, Redondo aseguró que el modelo actual no permite a los diputados manejar directamente los recursos, aunque el video evidenciaría lo contrario, al mostrar cómo se entregaban fondos en efectivo usando cheques a nombre de terceros.
Finalmente, el presidente del Congreso trató de justificar la asignación de recursos mencionando que 220 diputados de todas las bancadas han recibido ayudas sociales desde 2022, equiparando el uso político del dinero con subvenciones otorgadas a ONGs y organizaciones religiosas.
