Denver, Estados Unidos — La Cámara de Representantes de Colorado, bajo control demócrata, aprobó este lunes una nueva legislación que amplía las protecciones estatales para inmigrantes y restringe aún más la cooperación entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración, desafiando directamente las políticas antimigratorias impulsadas durante la administración del expresidente Donald Trump.
SB25-276: una nueva etapa en la protección migratoria
La propuesta legislativa, denominada Protección de los Derechos Civiles por Estado Inmigratorio (SB25-276), fue impulsada por la senadora Julie Gonzales y la representante Lorena García, ambas demócratas. Ahora se encuentra en el escritorio del gobernador Jared Polis, quien ha manifestado públicamente su intención de firmarla.
Esta medida modifica y amplía la ley de Seguridad Vial y Comunitaria de 2013, la cual permitió a inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir.
Entre sus principales disposiciones, la nueva ley elimina la exigencia de que los solicitantes de documentos de identidad estatales presenten una declaración jurada de elegibilidad migratoria.
Restricciones a la colaboración con autoridades federales
SB25-276 también prohíbe que las autoridades locales mantengan detenidas a personas únicamente por su estatus migratorio y restringe la posibilidad de que agentes del orden de Colorado o de otros estados detengan a personas por presunta falta de documentos migratorios válidos.
Asimismo, se veta cualquier tipo de contrato con o sin compensación entre las agencias policiales locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), salvo en casos que involucren crímenes federales o bajo orden judicial.
Otro aspecto relevante es que permite a inmigrantes indocumentados solicitar la nulidad de declaraciones de culpabilidad en delitos menores si no fueron debidamente informados de las consecuencias migratorias al momento de declararse culpables.
Reacción oficial y contexto político
“Colorado es más fuerte cuando todos podemos contribuir a nuestra economía sin temor”, expresó la representante Elizabeth Velasco tras la aprobación.
“Estamos tomando medidas para fortalecer nuestras leyes y garantizar el debido proceso, independientemente del estatus migratorio de una persona”, añadió.
Esta nueva legislación llega en un contexto de tensión entre el estado de Colorado y el gobierno federal, luego de que el Departamento de Justicia presentara una demanda el pasado viernes en una corte de Denver contra las denominadas “políticas santuario”, incluyendo al gobernador Jared Polis, el fiscal estatal Phil Weiser y el alcalde de Denver, Mike Johnston.
Acusaciones sin fundamento del gobierno federal
La administración Trump ha sostenido, sin pruebas concluyentes, que las políticas de no cooperación con ICE facilitaron que la pandilla venezolana Tren de Aragua se infiltrara en complejos residenciales en Aurora, al este de Denver.
Sin embargo, funcionarios estatales y municipales, incluyendo el alcalde republicano de Aurora, Mike Coffman, han desmentido tales afirmaciones, asegurando que sí ha existido colaboración con las autoridades federales en casos específicos.
