Tegucigalpa, Honduras – El Ministerio Público confirmó este jueves el aseguramiento de 233 millones de lempiras en efectivo y 213 mil dólares como parte de las investigaciones contra la empresa Inversiones Koriun, acusada de operar sin autorización legal y cometer fraude financiero en perjuicio de miles de ciudadanos.
Según explicó el portavoz del MP, Yuri Mora, el decomiso fue realizado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) durante allanamientos en sucursales ubicadas en Choloma, Juticalpa, Choluteca, Santa Bárbara y La Entrada, Copán.
“Estos fondos ya están asegurados y serán devueltos a los contribuyentes o personas que decidieron invertir en esta empresa”, aseguró Mora, añadiendo que el dinero fue contado en presencia de los administradores de cada sede, quienes firmaron actas que dan fe del monto decomisado.
Además del efectivo, el Ministerio Público informó que se han bloqueado más de 60 millones de lempiras en tres cuentas bancarias asociadas a la empresa. Las investigaciones indican que Inversiones Koriun ofrecía altos rendimientos sin contar con autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), operando bajo un esquema piramidal.
“El esquema colapsó por su propio peso”, explicó Mora. “Usaban el dinero de inversionistas nuevos para pagar a los más antiguos. Lo que ocurrió en Choloma es un claro ejemplo de la insostenibilidad del modelo”.
Asimismo, las autoridades descubrieron que la empresa almacenaba la información de sus clientes en la nube, sin respaldo físico ni acceso institucional, lo que según Mora demuestra una intención de evadir el control estatal y dificultar la trazabilidad en caso de fuga.
“No tenían oficinas formales ni registros contables. El dinero estaba guardado en cajas de cartón y bolsas negras para basura, lo que evidencia la informalidad del negocio y el nivel de riesgo al que fueron expuestas las personas”.
El Ministerio Público indicó que ya se ha identificado a los principales responsables del fraude y se preparan las acciones judiciales correspondientes. El dinero incautado está bajo la custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), y será parte del proceso de restitución a las víctimas.
