Recientemente se denunció que algunos privados de libertad ingresados sin dictámenes forenses en hospitales psiquiátricos del país, han intentado cometer abusos sexuales y físicos contra personal médico y otros pacientes de estos centros.
“Hemos tenido que intervenir cuando pacientes judicializados quieren violar a otros pacientes que pasan controlados con sus medicamentos; es decir, que no son violentos”, dijo Mario Rojas, presidente del Sindicato de Trabajadores de Hospitales Psiquiátricos.
La suspicacia rodea la institución, porque según Rojas, en algunos de los casos se busca favorecer las condenas de los privados de libertad.
De acuerdo los diagnósticos de los médicos del Psiquiátrico, muchos de estos pacientes no tienen motivos para estar ingresados en el Hospital Mario Mendoza en Tegucigalpa o Santa Rosita en Amarateca, ambos en Francisco Morazán.
“Nos parece que son más favores de jueces para que los manden para acá, porque no hacen un dictamen forense para aseverar que tienen ellos una patología psiquiátrica”, reveló Rojas.
Según el artículo 30 del nuevo Código Penal, indica que “es inimputable quien, en el momento de la acción u omisión, y como consecuencia de anomalía o alteración psíquica, en la percepción o de intoxicación plena, no posea la capacidad de comprender el carácter lícito de su conducta”.
Sin embargo, esto no debe ser usado en instancias judiciales para favorecer a privados de libertad, destaca el abogado penalista Elvin Carrillo. Asimismo, reprocha cualquier acto de corrupción.
“Simulando estas condiciones y por ende tener un beneficio de estar centro más confortable para ellos; incluso para una posible defensa que los exima de toda responsabilidad”, señaló Carillo.
Cuestionamiento
Ante las denuncias, en el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (Conaprev), cuestionan que está pasando con la seguridad que deben tener los privados de libertad ingresados en los centros hospitalarios.
De igual forma, el Conaprev sugiere conformar una mesa interinstitucional para tratar esta problemática en los hospitales psiquiátricos del país centroamericano.
“Debe levantarse esta mesa, junto también con autoridades del Poder Judicial y otras instituciones. Esto, para garantizar el pleno acceso a los servicios de salud mental que requieran las personas privadas de su libertad”, expresó Sandra Rodríguez, comisionada nacional del Conaprev.
Según datos del Conaprev, hasta la fecha en Honduras se registran 241 privados de libertad que padecen de algún tipo de discapacidad psíquica.
Mientras que en los hospitales psiquiátricos detallan que de 160 pacientes internos, al menos un tercio, son personas privadas de libertad.
