La violencia en Honduras en 2022 había dejado al menos hasta octubre 252 mujeres muertas, a las que se suman otras 41 personas de la comunidad LGBTI, según registros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh).
“Hay que mencionar que los niveles de violencia y criminalidad que el país tiene son endémicos, pero además, es una violencia que se exacerba contra las personas en mayor situación de vulnerabilidad”, dijo este lunes la representante de la Oacnudh en Tegucigalpa, Isabel Albaladejo.
Agregó que eso denota una profunda desigualdad, estigmatización y violencia contra las personas en el país, por lo cual “la consigna de que todos nacemos libres y en igualdad de derechos se convierte claramente en una proclama lejos de ser realidad”.
Señaló además que reducir los altos niveles de violencia “son algunos de los retos” que tienen las autoridades de Honduras.
Hasta noviembre, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) había registrado la muerte violenta de 273 mujeres, mientras que la Red Lésbica Cattrachas informó de 41 personas de la comunidad LGBTI asesinadas.
Según fuentes oficiales, la violencia criminal en el país deja un promedio diario de entre diez y catorce personas muertas.
Las autoridades atribuyen en parte esa violencia a las luchas internas entre pandillas armadas, conocidas como “maras”, que operan en algunas de las principales ciudades del país.
A las pandillas también se les acusa de ser las que se dedican a la extorsión, que ha dejado centenares de muertos, de micros, pequeños y medianos empresarios, de los que miles han ido a la quiebra en los últimos 20 años.
Defensores de la tierra víctimas de la violencia
Albaladejo también indicó que “la situación de personas defensoras de derechos humanos es sumamente crítica” en Honduras, y que hasta ahora la ONU “registra un total de 188 víctimas de defensores, sobre todo del territorio y el medio ambiente”.
Entre los defensores, “las personas que están en mayor riesgo son aquellas que defienden el medio ambiente”, enfatizó.
Añadió que además hay que establecer que los problemas de derechos humanos en el país, que son muchos, obedecen a factores y causas estructurales que no se puedan solventar de un día para otro.
“Son factores y causas estructurales en materia de derechos humanos que esta Administración -de Xiomara Castro- ha heredado y con ese legado debe, por supuesto, iniciar acciones prontas y oportunas en términos de políticas públicas, de marcos legales y de practicas que vayan realmente en la línea de respeto a los derechos humanos”, dijo la representante de la Oacnudh.
Elegir a los mejores magistrados para el Supremo
Para reducir la criminalidad, en un marco de idoneidad, ética, integridad y capacidad, Albaladejo considera que Honduras tiene una oportunidad eligiendo a los mejores profesionales, hombres y mujeres, como magistrados (15) de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), en enero de 2023, para lo que está en marcha un proceso de selección por parte de una Junta Nominadora, que enviará una lista al Parlamento hondureño.
“Así que realmente ojalá podamos tener en el país un poder judicial y un Ministerio Público independiente y autónomo que sea obviamente base fundamental del Estado de derecho. Ese es uno de los retos inmediatos que tiene el país”, recalcó.
Otros “grandes retos”, según la diplomática, tienen que ver con la conflictividad socioambiental y sobre la propiedad, el uso de la tierra y los recursos naturales.
Además, recordó que en las últimas décadas en Honduras se ha profundizado un modelo económico más que todo basado en el extractivismo, en el desarrollo de proyectos que, por lo general y “lamentablemente, ha generado mayores niveles de pobreza y desigualdad”, principalmente a nivel territorial.
Son procesos que se han dado sin consulta en las comunidades y sin garantías de derechos humanos, y es hoy la oportunidad de asegurar un modelo económico equitativo, sostenible y sobre todo basado en derechos humanos, indicó Albaladejo.
En su opinión, se debe consultar a las comunidades y los procesos se deben traducir en saneamiento y recuperación de tierras en favor de las personas en mayor situación de vulnerabilidad.
