Un juez dictó detención judicial contra 22 presuntos integrantes de la estructura criminal denominada Cártel del Diablo, luego de que comparecieran a la audiencia de declaración de imputado por su supuesta participación en diferentes delitos cometidos en el departamento de Yoro.
La resolución se produjo después de los operativos ejecutados por la Policía Nacional en el marco de la segunda fase de la Operación Escudo de Honduras 2026. Tras la audiencia, los 22 sospechosos fueron remitidos al Centro Penal de Támara, donde permanecerán bajo custodia mientras continúa el proceso judicial.
De acuerdo con la información de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los detenidos son investigados por delitos como asociación terrorista, asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada, extorsión, tráfico de drogas y tráfico de armas.
Once de los imputados son señalados por asesinato
Entre los 22 procesados, 11 son vinculados por las autoridades con investigaciones relacionadas con el delito de asesinato. En este grupo figura una mujer.
Las investigaciones también señalan que algunos de los sospechosos tendrían responsabilidad en otros hechos violentos registrados en distintos sectores de Yoro y comunidades cercanas.
Según la hipótesis de los investigadores, los crímenes estarían relacionados con ajustes de cuentas y disputas entre estructuras criminales por el control territorial. Estas acciones presuntamente buscaban imponer jerarquías y fortalecer la presencia del grupo en las zonas donde operaba.
Detención judicial tras cinco años de investigaciones
La DPI informó que las diligencias contra esta estructura se extendieron durante aproximadamente cinco años. En ese período, los equipos de investigación recopilaron elementos técnicos, periciales y documentales sobre la presunta participación de sus integrantes en diferentes actividades delictivas.
De acuerdo con el expediente, los sospechosos habrían desempeñado distintas funciones dentro de la organización, entre ellas vigilancia, logística, transporte, encubrimiento y ejecución de hechos violentos.
La información policial establece que 20 de los 22 detenidos tenían órdenes de captura judicial, mientras que los otros dos fueron arrestados mediante requerimientos por suponerlos responsables del delito de asociación terrorista.
Los 22 detenidos fueron enviados a Támara
Las capturas se concretaron mediante 32 allanamientos de morada y otras intervenciones policiales desarrolladas en los municipios de Sulaco, Victoria y Yorito, así como en comunidades aledañas del departamento de Yoro.
Los operativos estuvieron a cargo de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la DPI, con apoyo de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y bajo la coordinación técnico-jurídica del Ministerio Público.
Con la imposición de la detención judicial, los 22 imputados permanecerán privados de libertad mientras avanzan las actuaciones del proceso. Esta medida cautelar no constituye una declaración de culpabilidad; las responsabilidades penales deberán determinarse en las etapas correspondientes ante los tribunales.
