Organizaciones de la sociedad civil hondureña llevarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus preocupaciones por las dificultades que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres para acceder a la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE), cuyo uso y comercialización fueron restablecidos en Honduras en 2023.
La exposición está prevista para este jueves 29 de octubre, durante una audiencia temática sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en Honduras, como parte del 197.º período de sesiones de la CIDH, que se desarrolla en Panamá.
Uno de los puntos centrales será una demanda que busca anular el acuerdo que permitió nuevamente el uso y la venta de la PAE en el país, después de 13 años de prohibición. Las organizaciones advierten que, si la acción prospera, Honduras podría volver a restringir este método anticonceptivo.
Además del riesgo jurídico, las agrupaciones señalarán que la desinformación, la resistencia de algunas instituciones y las dificultades para distribuir el producto y brindar orientación siguen representando obstáculos para quienes necesitan acceder a él oportunamente.
¿Por qué está en riesgo el acceso a la PAE en Honduras?
Aunque la PAE volvió a estar disponible legalmente en 2023, las organizaciones sostienen que su autorización no garantiza por sí sola que todas las mujeres puedan conseguirla a tiempo.
Entre las barreras que expondrán ante la CIDH figuran la circulación de información incorrecta sobre este anticonceptivo, las dificultades para obtenerlo y la falta de orientación adecuada para las personas que buscan utilizarlo.
A estas preocupaciones se suma el proceso judicial que pretende dejar sin efecto el acuerdo que permitió su restablecimiento. Una eventual resolución favorable a esa demanda podría modificar nuevamente el marco legal vigente para la PAE en Honduras.
Por ello, las organizaciones buscarán que la situación sea examinada desde la perspectiva de los derechos humanos y del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Violencia sexual y embarazo adolescente, parte del contexto
La discusión también se desarrolla en un escenario marcado por la violencia sexual contra niñas y adolescentes en Honduras.
De acuerdo con los datos incluidos en el pronunciamiento de las organizaciones, durante 2025 se registraron más de 2,000 denuncias de violencia sexual, de las cuales 1,529 correspondieron a niñas y adolescentes.
Las agrupaciones consideran que, en este contexto, la anticoncepción de emergencia constituye una herramienta relevante para prevenir embarazos después de una relación sexual sin protección o ante situaciones de violencia sexual.
El acceso oportuno a información y servicios de salud resulta especialmente importante para quienes enfrentan estas circunstancias. Sin embargo, las organizaciones advierten que las barreras de disponibilidad y orientación pueden dificultar la atención que necesitan las personas afectadas.
¿Qué pedirán las organizaciones a la CIDH?
Durante la audiencia temática, las representantes de la sociedad civil solicitarán que la Comisión Interamericana dé seguimiento a la situación de la PAE en Honduras.
También pedirán que el organismo formule recomendaciones al Estado hondureño para que el reconocimiento legal de este método anticonceptivo se traduzca en disponibilidad y acceso efectivo y oportuno.
La audiencia permitirá exponer tanto las amenazas que enfrenta la vigencia del acuerdo de 2023 como los problemas que, según las organizaciones, persisten en la práctica.
