Los titulares de las principales instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en Honduras manifestaron su disposición de aplicar las reformas penales que apruebe el Congreso Nacional para combatir la criminalidad y el crimen organizado.
El compromiso fue expresado durante una reunión entre la junta directiva del Legislativo, los jefes de bancada y representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el sistema penitenciario.
Al finalizar el encuentro, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que las instituciones responsables de ejecutar las leyes están preparadas para implementar las nuevas herramientas jurídicas impulsadas por los diputados.
Según el titular del Legislativo, las medidas aprobadas recientemente ya muestran resultados. Como ejemplo, mencionó la detención de 66 personas vinculadas a estructuras criminales durante los nueve días anteriores a la reunión.
Congreso Nacional prevé nuevas reformas penales
Durante la comparecencia de prensa participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo; el fiscal general, Pablo Emilio Reyes; el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez; el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, y representantes de las Fuerzas Armadas, entre otras autoridades.
Los funcionarios coincidieron en que la coordinación entre las instituciones será necesaria para aplicar las disposiciones que apruebe el Poder Legislativo.
Zambrano señaló que los operadores de justicia son los encargados de ejecutar las normas y demás instrumentos legales promovidos para enfrentar la delincuencia en el territorio hondureño.
La reunión también sirvió para revisar los primeros resultados que las autoridades atribuyen a las medidas recientes y plantear la necesidad de continuar con cambios en la legislación penal.
CSJ reafirma compromiso contra el crimen organizado
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, aseguró que el Poder Judicial mantiene su disposición de contribuir al combate de la delincuencia común y las estructuras criminales.
El magistrado sostuvo que el encuentro permitió reafirmar la coordinación entre las instituciones estatales para responder a los problemas de seguridad.
Vallecillo también señaló que desde el Estado se han ajustado políticas de seguridad y persecución penal mediante el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
El titular de la CSJ afirmó que los operadores de justicia deben trabajar de manera coordinada para atender los desafíos que enfrenta el país en materia de criminalidad.
Ministerio Público respalda cambios al Código Penal
Por su parte, el fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes, destacó las reformas que el Congreso Nacional ha impulsado en materia penal, entre ellas la modificación del Código Penal y del Código Procesal Penal.
Reyes también se refirió a la declaratoria de tres asociaciones que operan en Honduras como grupos terroristas, una medida que forma parte de las acciones legislativas mencionadas durante la reunión.
El funcionario sostuvo que las reformas buscan proporcionar instrumentos jurídicos a las instituciones responsables de investigar y perseguir los delitos.
Asimismo, manifestó que el Ministerio Público está dispuesto a poner sus recursos y capacidades al servicio de las investigaciones relacionadas con la criminalidad organizada.
El fiscal general remarcó que la seguridad debe abordarse como un asunto de interés nacional, con participación de las distintas instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Seguridad reporta 66 detenidos en nueve días
El viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, presentó un balance preliminar de las acciones desarrolladas durante los nueve días anteriores al encuentro.
De acuerdo con sus declaraciones, durante ese período fueron detenidas 66 personas presuntamente vinculadas a estructuras criminales. De ese total, 42 ya tenían auto de formal procesamiento, mientras que las otras 24 estaban pendientes de comparecer a la audiencia inicial.
Estas cifras fueron presentadas por las autoridades como parte de la evaluación de las medidas implementadas recientemente. Sin embargo, los datos corresponden a detenciones y actuaciones procesales, por lo que no equivalen a condenas definitivas.
Martínez señaló que las reformas penales previstas para discusión en el Congreso representarían otro componente de la estrategia estatal contra el delito.
El viceministro sostuvo que las instituciones encargadas de prevenir, controlar y perseguir la criminalidad deberán continuar coordinando sus acciones para mantener los resultados reportados.
Policía Nacional y Fuerzas Armadas ofrecen colaboración
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, calificó la reunión como una oportunidad para fortalecer la coordinación en la elaboración y aplicación de políticas de seguridad.
El funcionario manifestó que el objetivo debe ser avanzar hacia condiciones que permitan a la población desarrollar sus actividades con mayor seguridad y que los jóvenes tengan oportunidades de empleo y convivencia.
Oseguera también hizo un llamado a los padres de familia para que orienten a sus hijos y los mantengan alejados de las estructuras criminales.
En representación de las Fuerzas Armadas, el subsecretario de Defensa Nacional, Rafael Cano, expresó la disposición de la institución militar de cooperar con los operadores de justicia en todo el país.
Cano reiteró que las Fuerzas Armadas mantendrán su colaboración en las tareas que correspondan dentro de sus funciones legales.
Sistema penitenciario anuncia aplicación de medidas disciplinarias
El director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Amador Lacayo, afirmó que el sistema penitenciario también está preparado para aplicar las disposiciones que correspondan a las personas privadas de libertad que infrinjan la ley.
El funcionario sostuvo que las autoridades deben garantizar el cumplimiento de las normas dentro de los centros penales y aplicar las medidas disciplinarias contempladas en el marco legal.
Amador Lacayo manifestó que el propósito es que las personas vinculadas a actividades criminales enfrenten las consecuencias establecidas por la justicia.
