El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, cuestionó la recusación promovida por la defensa del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, contra la jueza natural Anny Belinda Ochoa, quien conoce el proceso judicial relacionado con las actuaciones de la extinta Comisión Permanente del Poder Legislativo.
El parlamentario consideró que la acción legal busca retrasar el avance del caso y sostuvo que las autoridades judiciales deben resolver los recursos presentados para continuar con las diligencias y determinar si existen responsabilidades individuales entre los señalados.
La defensa de Redondo cuestiona la imparcialidad de la jueza por presuntas manifestaciones extrajudiciales de opinión sobre el proceso. Corresponderá a la autoridad competente analizar los argumentos de los abogados y determinar si la recusación tiene fundamento legal.
Cálix, por su parte, afirmó que no observa motivos para apartar a la jueza del expediente y pidió que el caso avance con las garantías establecidas en la legislación hondureña.
¿Qué dijo Jorge Cálix sobre la recusación contra Anny Ochoa?
El diputado explicó que la recusación es un mecanismo legal mediante el cual una de las partes solicita que un juez deje de conocer un proceso cuando considera que existen circunstancias que pueden comprometer su imparcialidad.
A criterio de Cálix, esta figura puede relacionarse con situaciones como la existencia de vínculos familiares, amistad o enemistad con las personas involucradas.
“Eso significa un juez amigo o enemigo o familiar de los involucrados en el caso. En este caso particular (la juez natural), ni es amiga, ni enemiga, ni familiar de ninguno de los imputados, ni de los exmiembros de la Comisión Permanente”, manifestó.
El parlamentario sostuvo que, desde su perspectiva, no existen razones para que la jueza se aparte del expediente y cuestionó la intención de la defensa de promover este recurso.
No obstante, la solicitud de recusación se fundamenta en un argumento distinto: los abogados de Redondo sostienen que unas declaraciones públicas de Ochoa podrían reflejar un criterio anticipado sobre el peligro de fuga atribuido a algunos de los señalados.
La decisión sobre la procedencia del recurso corresponde a la instancia judicial competente, que deberá valorar los argumentos expuestos por la defensa.
Cálix acusa a la defensa de buscar retrasar el proceso
El diputado liberal afirmó que la recusación y otras acciones legales podrían demorar el avance del expediente. En ese contexto, pidió que las autoridades resuelvan los planteamientos procesales y continúen con las diligencias correspondientes.
“Ellos solo están buscando dilatar el proceso porque saben perfectamente que cometieron ilegalidades, que violaron la ley y tienen miedo de enfrentar las consecuencias”, expresó.
Estas declaraciones corresponden a la valoración política de Cálix sobre el caso. La existencia de delitos y la responsabilidad de cada persona deberán determinarse mediante el procedimiento judicial y las pruebas que se examinen.
El congresista también insistió en que el proceso debe permitir establecer quiénes tuvieron participación en las actuaciones cuestionadas y quiénes no tienen responsabilidad penal.
¿Por qué se cuestiona a la jueza Anny Ochoa?
La magistrada Anny Belinda Ochoa fue designada como jueza natural para conocer el requerimiento fiscal relacionado con el expresidente del Congreso y otros integrantes de la extinta Comisión Permanente.
La defensa de Redondo argumenta que algunas declaraciones públicas de la jueza, realizadas después de admitir el requerimiento fiscal, constituyen una posible manifestación extrajudicial de opinión sobre aspectos vinculados con el proceso.
Los abogados consideran que esas expresiones deben examinarse para establecer si podrían afectar la apariencia de imparcialidad de la juzgadora. Por ello, buscan que sea separada del conocimiento de la causa.
Por su parte, Cálix considera que el recurso no debería impedir el avance del caso y pide que se continúe con las actuaciones judiciales.
La resolución de esta controversia será relevante para determinar cómo seguirá el proceso y quién estará a cargo de conocer las diligencias contra Redondo y los demás señalados.
