Tegucigalpa.- Diversos conglomerados y capitales extranjeros han manifestado un marcado interés en inyectar recursos financieros en el territorio nacional, motivados por la reciente promulgación de la Ley de Justicia Energética impulsada por la administración del presidente de la República, Nasry Asfura
El nuevo marco regulatorio ha sido recibido con beneplácito por los mercados internacionales al consolidar un escenario de reglas claras y previsibilidad jurídica, elementos indispensables para el desarrollo de proyectos a gran escala. La normativa fomenta procesos de licitación pública altamente competitivos, abriendo un abanico de oportunidades sin precedentes para modernizar los eslabones de generación, transmisión y distribución eléctrica en todo el país.
Uno de los aspectos centrales destacados por los expertos económicos radica en que la legislación preserva firmemente el carácter público de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), descartando cualquier esquema privatizador sobre el patrimonio estatal. Esta disposición garantiza que el Estado mantenga el control soberano sobre los recursos estratégicos, al tiempo que facilita la participación de socios tecnológicos y financieros para optimizar la eficiencia del servicio eléctrico.
Con la consolidación de esta reforma estructural, el gobierno federal proyecta dinamizar la economía nacional, reducir las pérdidas técnicas y atraer flujos significativos de inversión extranjera directa. Las autoridades reiteraron que estas acciones reafirman el compromiso de transformar el sector energético bajo los principios de transparencia, competitividad y desarrollo sostenible en beneficio de toda la ciudadanía.
