Tegucigalpa.- El Congreso Nacional y diversas dependencias del Poder Ejecutivo instalan una mesa de trabajo interinstitucional junto a productores del sector agropecuario para estructurar el proyecto de Ley de Transición Productiva Sostenible y Tenencia de Tierras
En un esfuerzo coordinado por optimizar la seguridad jurídica del agro y garantizar el abastecimiento alimentario, las comisiones parlamentarias de Agricultura y Ganadería y de Seguridad Alimentaria sostuvieron este martes un cónclave estratégico. Presidida por los diputados Javier Mendieta y Alejandra Burgos, la sesión inaugural reunió a delegados de los ministerios del ramo, operadores de justicia y representantes de comunidades productivas procedentes de los departamentos de Colón, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho y Yoro.
El encuentro tuvo como eje central escuchar de viva voz las problemáticas sociolaborales y agrarias que afectan a las zonas rurales, poniendo especial énfasis en los conflictos vinculados a la titularidad de los predios y la protección de cuencas hidrográficas y reservas de biósfera. Durante las deliberaciones, el legislador Mendieta destacó la urgencia de mediar en los litigios territoriales que obstaculizan la inversión productiva y ponen en riesgo la estabilidad de las comunidades asentadas en propiedades estatales y zonas de amortiguamiento ecológico.
Como resultado de las ponencias técnicas, la comisión legislativa recibió formalmente una propuesta normativa elaborada por los propios gremios agrícolas, cuyo propósito fundamental radica en conciliar la producción de alimentos con la conservación ambiental mediante un marco regulatorio moderno. Las autoridades gubernamentales y judiciales presentes coincidieron en que el articulado propuesto busca otorgar certeza jurídica a miles de labriegos que operan en bienes nacionales, estableciendo lineamientos claros para el uso sostenible de la tierra.
La mesa multisectorial continuará su labor de dictamen técnico en las próximas semanas, integrando los aportes de las secretarías de Defensa, Recursos Naturales y el Instituto de la Propiedad para pulir el proyecto definitivo antes de su presentación ante el pleno. Con esta iniciativa, el Estado hondureño pretende sentar las bases de una política agraria integral que reduzca la conflictividad en el campo y potencie el desarrollo económico de las regiones agrícolas del país.
