Tegucigalpa.- La Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso Nacional analiza la hoja de ruta del programa Hambre Cero 2035, presentado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería para su integración presupuestaria y su consolidación jurídica mediante el Ejecutivo
En un paso decisivo hacia la erradicación de la vulnerabilidad nutricional en el territorio nacional, los congresistas integrantes de la comisión parlamentaria especializada sostuvieron una reunión de alto nivel con especialistas de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Utsan). Encabezado por la diputada Alejandra Burgos, el cónclave legislativo permitió examinar en detalle los fundamentos estratégicos del plan Hambre Cero 2035, evaluando los mecanismos legales y financieros necesarios para su inyección presupuestaria dentro del próximo ejercicio fiscal de la nación.
Durante las deliberaciones técnicas, la parlamentaria por el departamento de Yoro subrayó que la iniciativa contempla ejes prioritarios como el desarrollo de planes masivos de riego y provisión de agua, elementos indispensables para blindar la producción agrícola frente a las recurrentes crisis climáticas. Asimismo, se destacó que la implementación del proyecto contempla su respaldo formal mediante un decreto de Consejo de Ministros (PCM), tras haber sido socializado previamente ante los organismos del Poder Ejecutivo y los representantes de la Organización de las Naciones Unidas.
El debate legislativo ocurre en un contexto de compromiso institucional reforzado, recordando que el Congreso Nacional suscribió meses atrás el pacto continental Alimentación Primero impulsado por la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña. Dicha adhesión vincula directamente los esfuerzos legislativos locales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, particularmente en la meta global de garantizar la seguridad alimentaria y erradicar definitivamente el hambre en la región.
Con la incorporación de estas directrices en el debate presupuestario para el período venidero, el Estado busca consolidar una política de Estado sostenible que garantice el abastecimiento y la subsistencia de las familias más desprotegidas. Las mesas de trabajo continuarán articulando esfuerzos con los asesores jurídicos y técnicos para asegurar que la normativa cumpla con los estándares requeridos antes de su aprobación definitiva en el pleno legislativo.
