Tegucigalpa.- En un hito sin precedentes para la supervisión de los comicios democráticos en la nación centroamericana, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), popularmente conocida como Política Limpia, ha emitido una resolución punitiva severa contra el exaspirante a la presidencia Salvador Nasralla. La medida disciplinaria surge tras detectarse graves vacíos e inconsistencias en la rendición de cuentas correspondiente a los recursos económicos movilizados durante su proselitismo político.
De acuerdo con los pormenores divulgados por los comisionados del ente contralor, la penalización económica asciende a una cifra superior a los 146 millones de lempiras. Dicha cantidad punitiva fue calculada aplicando los lineamientos estipulados por la legislación vigente, los cuales ordenan duplicar el monto equivalente por la falta de notificación oportuna de fondos que rebasaron los límites permitidos por la ley.
El origen de esta controversia administrativa radica en la omisión de justificación y liquidación de aproximadamente 73 millones de lempiras, vinculados específicamente a más de un centenar de aportaciones monetarias recibidas durante la campaña. Las autoridades señalaron que dichos aportes superaron los techos financieros autorizados de ciento veinte salarios mínimos y no fueron debidamente subsanados por los representantes legales tras los requerimientos formales.
Ante esta determinación oficial comunicada públicamente desde la capital, el afectado dispone de un plazo perentorio de tres días hábiles para interponer los recursos de reposición correspondientes. El marco jurídico nacional garantiza el derecho a la defensa ante los tribunales competentes, permitiendo que el exfuncionario evalúe la vía legal idónea para refutar el fallo o proceder con el cumplimiento de la sanción establecida.
