Tegucigalpa.- Ante la dolorosa crisis humanitaria que representan las desapariciones en el territorio nacional, la bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) anunció la preparación de una adición clave al proyecto de Ley de Protección Jurídica de Personas Desaparecidas y de Sus Familiares. La propuesta normativa busca blindar y optimizar los protocolos de sepelio e identificación de cadáveres, evitando que las víctimas no reclamadas sean depositadas en fosas comunes y reduciendo los ostensibles costos operativos y emocionales que el Estado y los deudos enfrentan durante las labores de exhumación.
La diputada pinuista por el departamento de Cortés, Marixa Julin, detalló que la redacción de este nuevo articulado es producto de un riguroso proceso de socialización sostenido con representantes de la Cruz Roja Hondureña, organización que junto al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha impulsado la normativa original. La legisladora señaló que las normativas actuales imponen demoras prolongadas que superan las setenta y dos horas iniciales y requieren plazos extensos antes de formalizar la búsqueda, un vacío que la reforma pretende subsanar al ordenar la inhumación individualizada en nichos específicos.
El proyecto marco, presentado inicialmente el pasado veinticinco de agosto por el diputado nacionalista Néstor Guardado, se encuentra actualmente en poder de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para la elaboración del dictamen respectivo. De acuerdo con las valoraciones del prosecretario legislativo Roberto Pineda Chacón, la iniciativa ha ganado trampa en los debates parlamentarios debido al respaldo de organizaciones de familiares de desaparecidos, quienes exigen mecanismos más expeditos para evitar la multiplicidad de autopsias y facilitar el reconocimiento de los restos.
Con la incorporación de esta disposición especial sobre inhumaciones dignas, el Congreso Nacional se encamina a dictaminar una herramienta jurídica indispensable para responder al clamor de cientos de familias hondureñas. Los parlamentarios involucrados destacaron que la aprobación de esta normativa no solo dignificará la memoria de las víctimas, sino que también dotará a las instituciones forenses y de justicia de un marco técnico más eficiente y humano en la gestión de personas no localizadas.
