Tegucigalpa.- En las secuelas del proceso judicial que le concedió un fallo favorable de sobreseimiento definitivo, el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, acompañado por su esposa Ana García, ha volcado su atención estratégica hacia el frente patrimonial, anunciando una ofensiva legal encaminada a recuperar un centenar y medio de propiedades que permanecen bajo medidas de aseguramiento.
La determinación de la pareja contempla la restitución formal de 131 bienes inmuebles y activos que en su momento fueron intervenidos por las autoridades competentes en el marco de las investigaciones previas, un movimiento que marca el inicio de una nueva y compleja contienda en los tribunales civiles y de privación de dominio.
Durante sus declaraciones públicas, los representantes del entorno del exjefe de Estado subrayaron que, al desestimarse las acusaciones penales principales que motivaron las restricciones, corresponde por derecho la devolución íntegra del patrimonio familiar afectado por las medidas cautelares ejecutadas durante el desarrollo de las causas judiciales.
Por su parte, los equipos legales estructuran las peticiones formales ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, argumentando que la base legal que sustentaba la retención de los bienes ha quedado sin efecto jurídico tras las recientes resoluciones emitidas por la judicatura ordinaria en favor del exgobernante.
Con este nuevo paso en la arena legal, el círculo cercano al exmandatario busca cerrar definitivamente el ciclo de intervenciones patrimoniales, planteando un desafío directo al Estado para la devolución de los activos mientras la opinión pública observa el desarrollo de esta prolongada disputa judicial.
