Tegucigalpa.- Tras conocerse el fallo judicial que concedió el sobreseimiento definitivo al expresidente de la república Juan Orlando Hernández en el marco del proceso conocido como Pandora II, diversas instancias de la sociedad civil han manifestado su profunda preocupación ante lo que consideran un duro revés para la rendición de cuentas en el territorio nacional.
A través de sus plataformas oficiales de comunicación, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) emitió una enérgica postura señalando que este tipo de resoluciones judiciales evidencian las profundas debilidades y la persistente vulnerabilidad del sistema de justicia hondureño frente a figuras de alto poder político.
El organismo contralor de la sociedad civil enfatizó que la exoneración legal no borra las investigaciones previas ni el escrutinio público sobre el manejo de fondos estatales, advirtiendo que la impunidad continúa siendo uno de los mayores obstáculos para consolidar un Estado de derecho transparente y equitativo.
Asimismo, la organización anticorrupción subrayó que la ciudadanía demanda respuestas contundentes y procesos judiciales blindados contra cualquier forma de manipulación o influencia política, recordando que la falta de sanciones efectivas debilita la confianza de los habitantes en las instituciones democráticas.
Con este pronunciamiento, el CNA reafirma su rol de vigilancia ciudadana y exige a los operadores de justicia una mayor rigurosidad y transparencia en los casos de corrupción, advirtiendo que mantendrán la fiscalización sobre las decisiones que comprometen el patrimonio y la justicia social en Honduras.
