Washington, Estados Unidos – El Gobierno del presidente Donald Trump anunció este martes una nueva medida que obligaría a millones de migrantes indocumentados a inscribirse en un registro y proporcionar sus huellas dactilares.
De acuerdo con la propuesta, quienes no cumplan con esta exigencia podrían enfrentar procesos penales, multas e incluso penas de cárcel, lo que representa una escalada en la política migratoria, ya que actualmente la permanencia irregular en el país es considerada un delito civil.
Según fuentes oficiales, la medida busca presionar a los migrantes indocumentados para que abandonen el país voluntariamente, ya que la inscripción en el registro facilitaría su deportación, mientras que no cumplir con el requisito podría derivar en sanciones más severas.
“Mensaje claro: márchense ahora”
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, expresó que la administración Trump busca que los migrantes dejen el país por su propia cuenta.
“El presidente Trump y la secretaria (de Seguridad Nacional, Kristi) Noem tienen un mensaje claro para quienes están en nuestro país ilegalmente: Márchense ahora”, declaró McLaughlin en un comunicado citado por The New York Times.
“Si se van ahora, podrían tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano”, añadió.
Asimismo, la medida contempla que los padres de menores indocumentados mayores de 14 años deberán registrarlos en el sistema.
Base legal y reacciones
El registro propuesto se basa en una antigua ley aprobada durante la Segunda Guerra Mundial, que requería a los migrantes indocumentados inscribirse al ingresar al país. Sin embargo, dicha normativa ha estado en desuso por décadas.
Expertos en inmigración han señalado que es poco probable que los migrantes se inscriban voluntariamente, dado que Trump ha prometido llevar a cabo deportaciones masivas de los más de 11 millones de indocumentados que residen en EE.UU.
Grupos defensores de derechos humanos han calificado la propuesta como una medida intimidatoria y han advertido sobre sus posibles implicaciones legales y humanitarias.
