
Washington, EE. UU. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la reapertura y ampliación de la histórica prisión de Alcatraz, cerrada desde 1963, con el objetivo de encarcelar a los delincuentes “más violentos” del país, incluyendo inmigrantes indocumentados con historial delictivo.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, Trump comunicó que giró instrucciones a la Oficina Federal de Prisiones (BOP) para que, en conjunto con el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Interna y el FBI, se inicie el proceso de rehabilitación de la prisión ubicada en la isla de Alcatraz, frente a la costa de San Francisco, California.
“Ya no toleraremos a esos delincuentes reincidentes que siembran la podredumbre, el derramamiento de sangre y el caos en nuestras calles”, expresó el mandatario.
De prisión histórica a centro de máxima seguridad
La cárcel de Alcatraz funcionó entre 1934 y 1963 y es famosa por haber albergado a algunos de los criminales más notorios de la historia estadounidense, como Al Capone.
Su cierre oficial, según la BOP, respondió a los altos costos de mantenimiento, estimados entre 3 y 5 millones de dólares anuales, aunque su clausura coincidió con una fuga legendaria protagonizada por tres reos, cuya historia fue llevada al cine en varias ocasiones.
Desde su cierre, el penal se convirtió en una popular atracción turística, recibiendo millones de visitantes al año.
Posible uso para inmigrantes indocumentados
En su mensaje, Trump también sugirió que Alcatraz podría ser utilizada para recluir a inmigrantes indocumentados con supuestos antecedentes penales.
“No seremos rehenes de criminales, matones y jueces que temen hacer su trabajo”, afirmó, reiterando su intención de tomar medidas más estrictas contra la inmigración ilegal.
Esta declaración surge meses después de que el gobierno estadounidense enviara a más de 200 inmigrantes, en su mayoría venezolanos, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, acusándolos de vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua.
La medida ha sido duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos, que la consideran una violación a la Constitución estadounidense.
Polémica y reacción pendiente
Hasta el momento, no se han pronunciado oficialmente las autoridades locales de San Francisco ni los organismos de derechos civiles sobre el anuncio presidencial.
Tampoco se ha detallado el presupuesto destinado para la reapertura ni el cronograma de ejecución del proyecto.