La Comisión encargada del juicio político contra el fiscal general del país recibió este día las declaraciones de siete testigos.
Tegucigalpa. La Comisión Especial del Congreso Nacional encargada del juicio político contra el fiscal general suspendido, Johel Zelaya, escuchó este día a siete testigos en audiencia pública. Los diputados calificaron las declaraciones como reveladoras, conmovedoras y determinantes para el proceso investigativo.
Los testimonios expusieron presuntas irregularidades judiciales, abusos laborales y señalamientos de persecución selectiva dentro del Ministerio Público.
Interferencia en los comicios electorales
El primero en comparecer fue Raúl Amílcar Rivera Montoya, trabajador del Consejo Nacional Electoral de Honduras. El testigo denunció que lo responsabilizaron injustamente por retrasos en la entrega de urnas durante las elecciones del 30 de noviembre.
Según explicó, existieron problemas logísticos que afectaron la distribución y dañaron su imagen pública. También afirmó que los choferes recibían órdenes de las Fuerzas Armadas para permanecer detenidos y aseguró que Zelaya se negó a proporcionarle documentación para su defensa.
Inculpado en acto de terrorismo comparece por zoom
Mediante videoconferencia compareció Antonio Kattán, quien guarda arresto domiciliario tras ser acusado de planear el asesinato del expresidente Manuel Zelaya. Durante su intervención, cuestionó el proceso en su contra y lo calificó como irregular.
Además, expresó que el caso ha afectado profundamente su vida personal y la de su familia.
Denuncias de abuso desde el Ministerio Público
El fiscal auxiliar Fabricio Perdomo declaró que el fiscal general suspendido incurrió en faltas graves. Señaló que, desde el punto de vista laboral, se registraron violaciones directas dentro de la institución. Sus declaraciones se sumaron a otros testimonios que apuntan a decisiones administrativas cuestionadas.
También compareció Dennis Emilio Hércules Rosa, quien denunció que lo sometieron a un proceso sin garantías legales por supuestos delitos relacionados con las elecciones primarias de 2025. Afirmó que las acusaciones carecían de sustento y respondió a una supuesta justicia selectiva. Según indicó, se formularon señalamientos sin pruebas sólidas mientras otros responsables no fueron investigados.
Uno de los testimonios más delicados fue el de la fiscal Claudia Zenaida Paz Hernández, quien denunció amenazas y su remoción del cargo tras negarse a firmar un requerimiento distinto al que había elaborado.
El caso involucraba al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, lo que añadió un componente político a su declaración. Por su parte, el fiscal Ricardo Adolfo Zavala expuso presuntos abusos laborales y persecución contra personal del Ministerio Público, además de irregularidades en traslados, sanciones y decisiones administrativas.
Las comparecencias de los siete testigos dejaron al descubierto un conjunto de denuncias que abarcan desde irregularidades administrativas hasta posibles violaciones a derechos fundamentales. El proceso continúa mientras la comisión evalúa las declaraciones y la documentación presentada.
