Tegucigalpa.- El subsecretario de la Secretaría de Salud (Sesal), José Miguel Castillo, confirmó este lunes la acreditación de salarios pendientes para 985 empleados del sector salud, quienes simultáneamente han sido cesados de sus cargos. La medida responde a una auditoría que detectó que dichos nombramientos fueron realizados sin cumplir con los procesos administrativos legales durante la transición de gobierno en enero pasado.
Justificación de los despidos y auditoría
El viceministro explicó que la administración anterior otorgó plazas de forma directa, obviando los requisitos de ley:
- Falta de concurso: De las 985 personas, 400 son médicos, 300 enfermeras y el resto personal administrativo. Castillo enfatizó que estas plazas fueron asignadas “de dedo” el 26 de enero, sin pasar por el concurso de méritos ni por la Dirección de Servicio Civil.
- Gobierno responsable: El funcionario aseguró que, para no vulnerar los derechos de los trabajadores, se les pagó el periodo laborado desde enero hasta el 27 de marzo. No obstante, a partir de hoy queda disuelta cualquier relación formal con la Sesal.
- Orden administrativo: “No podemos seguir administrando con desorden ni generar más gastos y demandas al Estado”, puntualizó Castillo, señalando que se revisarán las necesidades reales de los hospitales para futuras contrataciones legales.
Estado de otros grupos de trabajadores
Además del personal cesado, el subsecretario detalló la situación de otros sectores dentro de la red sanitaria:
- Personal por contrato: A un grupo de 2,276 empleados (médicos y técnicos) se les renovó el contrato de enero a junio. A la fecha, ya se les acreditó el salario de febrero y marzo, quedando pendiente enero por trámites presupuestarios.
- Personal interino: Se detectaron irregularidades donde el Estado pagaba doble (al médico titular con licencia y al interino). Por ello, los interinatos se han detenido temporalmente para reiniciarse bajo un control estricto a partir del 1 de abril.
- Justicia laboral: Castillo defendió la medida como un acto de justicia para médicos que llevan más de 20 años trabajando por contrato y que han sido ignorados frente a estos nombramientos irregulares de última hora.
