Tegucigalpa.- La Secretaría de Seguridad anunció la intervención administrativa y operativa inmediata de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO). La decisión, formalizada mediante un acuerdo ministerial, surge tras el operativo realizado en Corinto, Omoa, que resultó en la muerte de cinco agentes de policía y dos presuntos delincuentes. El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó que la medida busca garantizar la transparencia y deducir responsabilidades ante posibles inobservancias de procedimientos legales y de seguridad.
La intervención tiene como objetivo principal evaluar si la operación de allanamiento contó con la planificación adecuada y el acompañamiento de las autoridades judiciales correspondientes.
Comisión de alto nivel y evaluación de protocolos
Para ejecutar este proceso, se ha nombrado una comisión especial conformada por el subsecretario de asuntos institucionales, el inspector general de la Policía Nacional y el director de inteligencia policial, entre otros altos mandos:
- Finalidad de la intervención: La comisión evaluará el cumplimiento de la cadena de mando, el uso de recursos tácticos y el respeto a los protocolos institucionales durante el despliegue en la zona fronteriza.
- Plazo de entrega: Se ha establecido un periodo de siete días para que la comisión presente un informe técnico pormenorizado al despacho ministerial.
- Investigación en curso: Actualmente, el inspector general y el director de inteligencia se encuentran en San Pedro Sula entrevistando a los participantes y testigos referenciales del enfrentamiento para esclarecer los hechos.
Transparencia y confianza institucional
El ministro Velásquez enfatizó que existe una duda razonable sobre el alcance y los objetivos de la misión en Corinto, sugiriendo que pudo haber omisiones en la documentación preoperacional. Asimismo, señaló que algunos procedimientos, como actuar sin órdenes de allanamiento bajo estados de excepción ya finalizados, podrían haberse seguido practicando de forma irregular.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, el comisionado Roberto Sánchez, reiteró el compromiso de la institución con la auditoría social y la rendición de cuentas, asegurando que se aplicará todo el peso de la ley si se encuentran responsabilidades penales o administrativas. Con esta intervención, el Gobierno busca restaurar la confianza ciudadana en los procedimientos policiales y honrar la memoria de los agentes caídos en el cumplimiento de su deber.
