Tegucigalpa, Honduras – El excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, lanzó una advertencia directa al interior de su partido y al escenario político nacional al exigir públicamente los nombres de diputados electos que, según afirmó, no estén vinculados a delitos y puedan ser considerados como aspirantes a la presidencia del Congreso Nacional para el período 2026-2030.
Nasralla sostuvo que el Partido Liberal fue el verdadero gran elector en las elecciones generales de 2025 y aseguró que, en cifras reales, superó ampliamente al Partido Nacional.
Según sus cálculos, los liberales habrían obtenido 1.8 millones de votos, frente a 1.2 millones adjudicados a los nacionalistas.
No obstante, denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó fuera del conteo alrededor de dos millones de votos, lo que a su juicio derivó en un resultado contrario a la voluntad popular y permitió que el Partido Nacional fuera declarado ganador por una diferencia mínima de 26 mil votos.
“No reconoceremos a quienes tengan pecados”
El dirigente liberal fue enfático al señalar que no respaldarán ni reconocerán a personas con antecedentes cuestionables para ocupar la presidencia del Legislativo.
“Nos URGE tener nombres de diputados electos que NO COMETIERON ESOS DELITOS”, subrayó Nasralla en un mensaje difundido en redes sociales.
El pronunciamiento se da en un contexto de alta tensión política, cuando ya comienzan a perfilarse disputas internas y negociaciones por el control del Congreso Nacional en el próximo período legislativo.
El eco del cuestionamiento de Edmundo Orellana
Las declaraciones de Nasralla surgen luego de un mensaje publicado en la red social X por el exfiscal general Edmundo Orellana, quien abrió el debate sobre si ciertos diputados pueden aspirar legítimamente a la presidencia del Congreso.
Orellana enumeró una serie de antecedentes que, a su criterio, inhabilitan moralmente a algunos legisladores, entre ellos: haber participado en el golpe de Estado, haber recibido dinero del narcotráfico para la elección de juntas directivas del Congreso y de la Corte Suprema, haber impulsado la expulsión de la MACCIH, o haber estado involucrados en la malversación del Fondo Social Departamental.
También cuestionó a quienes votaron a favor de otorgar inmunidad a funcionarios señalados por corrupción, respaldaron la inmunidad parlamentaria o aprobaron amnistías para casos vinculados a delitos contra la administración pública.
