Tegucigalpa.- La excandidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, lanzó una fuerte advertencia pública al cuestionar las intenciones de ciertos sectores que pretenden condenar a más de dos millones de usuarios residenciales y comerciales, así como al propio Estado, a pagar una de las tarifas de energía eléctrica más caras de la región. La líder política denunció que estas acciones buscan favorecer intereses corporativos en detrimento del bolsillo de la población hondureña.
Además, Moncada resaltó con preocupación que, bajo este esquema, la Secretaría de Energía se ve gravemente limitada para diseñar e impulsar políticas públicas soberanas. Con esta configuración, el Estado pasa a ser un sujeto subordinado a los intereses privados, debilitando la gobernanza energética nacional y perdiendo el control sobre un recurso considerado de seguridad nacional.
Arbitraje comercial, pérdida de control y eliminación de licitaciones
La también vicecoordinadora del partido oficialista alertó sobre los peligros legales y administrativos que conllevan estas reformas estructurales:
- Desconocimiento judicial: Advierte que la resolución de conflictos contractuales se traslada de nuevo al arbitraje de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa para otorgar carácter definitivo a los laudos o fallos, desconociendo por completo al Sistema Judicial de la República.
- Adiós a las licitaciones: Alerta que se busca eliminar de tajo los procesos transparentes de compras y contrataciones por licitación pública que mandan explícitamente la Constitución y la Ley de Contratación del Estado.
- Debilitamiento institucional: Denunció la pretensión de abolir la facultad legal de comprador único de energía que ostenta actualmente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
- Desprotección social: Asegura que desmantelar estas normativas públicas deja desprotegido al consumidor final frente a la fijación de precios en el mercado mayorista.
Defienden la soberanía energética frente a intereses particulares
Para la dirigencia de Libre, estas maniobras representan un grave retroceso en los esfuerzos por rescatar a la estatal eléctrica y garantizar un servicio accesible como un derecho humano. Moncada hizo un enérgico llamado a los diferentes sectores sociales y económicos a mantenerse vigilantes ante cualquier marco normativo que intente privatizar de forma velada las funciones operativas y de adquisición de la ENEE. Recordó que los procesos de licitación abierta son la única garantía legal para evitar la corrupción y asegurar contratos con precios justos para el país, por lo que defendió la necesidad de robustecer las instituciones públicas en lugar de transferir la soberanía jurídica de la nación a tribunales de arbitraje privado.
