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Requerimiento fiscal contra exfuncionarios del TSC por tráfico de influencias

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, presentó requerimiento fiscal con orden de captura contra Juan José Pineda Varela, Ricardo Rodríguez, Douglas Javier Murillo Sarahona, Santiago Antonio Reyes Paz y Karen Yadira Martínez, todos ellos ex funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Se les acusa de influir en la institución con el fin de favorecer a terceros mediante la manipulación de auditorías.

Según las investigaciones fiscales, Pineda Varela (quien fue magistrado presidente del TSC) y Rodríguez (ex magistrado del TSC), junto con Murillo Sarahona (jefe de auditores), Martínez Villatoro (Directora Legal) y Reyes Paz (Secretario General del TSC), incurrieron en el delito de Tráfico de Influencias en perjuicio de la Administración Pública, así como en Violación de los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de la Administración Pública.

Todo comenzó en noviembre de 2023, cuando se recibió una denuncia anónima en el Ministerio Público que señalaba irregularidades en el departamento de Auditorías del Sector Municipal del TSC.

Se manifestaba que empleados, por órdenes superiores, estaban llevando a cabo actos irregulares como la destrucción y ocultamiento de documentos relacionados con finiquitos de algunas municipalidades.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) inició de inmediato las investigaciones correspondientes.

Entre las acciones realizadas por los fiscales y agentes de la ATIC se incluyen la incautación de información y dispositivos de almacenamiento, así como la obtención de declaraciones testimoniales de empleados presionados para alterar las auditorías a municipalidades.

Esto permitió comprobar la existencia de redes de empleados dentro del TSC que influían en sus subalternos para emitir resoluciones contrarias a la ley en beneficio de terceros.

El Ministerio Público reitera su compromiso con la persecución penal y la investigación de actos de corrupción en todas sus manifestaciones, en cumplimiento de su misión constitucional.

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