Tegucigalpa.- En una sesión decisiva para la seguridad nacional, el Congreso Nacional introdujo anoche un paquete de reformas integrales al Código Penal y al Código Procesal Penal. La iniciativa, impulsada por la junta directiva encabezada por Tomás Zambrano y respaldada por la cúpula de la Secretaría de Seguridad, busca desarticular las estructuras de extorsión y otorgar nuevas facultades para clasificar a grupos delictivos bajo la categoría de terroristas.
Nuevas herramientas contra la extorsión y el terrorismo
El proyecto de ley, que consta de aproximadamente 12 artículos, está diseñado para dotar a la Secretaría de Seguridad de capacidades tecnológicas y legales superiores:
- Declaratoria de terrorismo: Se busca que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tenga la atribución de declarar como “terroristas” a asociaciones ilícitas que causen graves daños a la población, permitiendo un abordaje penal más severo.
- Agravantes en la extorsión: La reforma plantea castigos más rigurosos cuando las estructuras criminales utilicen a menores de edad, adultos mayores, miembros de las fuerzas de seguridad o empleados del sistema financiero para el cobro del “impuesto de guerra”.
- Protección a denunciantes: Para incentivar la denuncia ciudadana, se implementarán medidas que eviten la sobreexposición de víctimas y testigos en las diferentes etapas del proceso judicial.
Agenda legislativa: Economía, educación y crisis del camarón
Además de la seguridad, la jornada legislativa abordó temas críticos para la estabilidad social y económica del país:
- Alivio económico: El partido Libertad y Refundación (Libre) introdujo una propuesta para congelar por seis meses los precios de los combustibles, la canasta básica y el transporte público, sugiriendo incluso una misión comercial a Venezuela para buscar alternativas petroleras.
- Derecho preferente de los padres: Se presentó un proyecto que desarrolla el artículo 152 constitucional, permitiendo que los padres de familia decidan sobre el contenido educativo de sus hijos, protegiéndolos de posibles adoctrinamientos ideológicos o políticos en centros públicos y privados.
- Crisis del sector camaronero: El pleno aprobó una moción para crear una comisión que busque soluciones para los productores del sur del país. Se estima que el rompimiento de relaciones con Taiwán y la falta de compras por parte de China han puesto en riesgo 15,000 empleos en Choluteca y Valle.
- Emergencia en placas: Se autorizó la compra directa de placas vehiculares a través del Instituto de la Propiedad para resolver el desabastecimiento que afecta a miles de ciudadanos desde hace cuatro años.
Finalmente, en el ámbito electoral, se nombró una comisión integrada por los partidos Nacional y Liberal para mediar en el conflicto de Guanaja, instando a los candidatos a aceptar el mandato del CNE de repetir las elecciones en dicho municipio antes de la Semana Santa.
