Tegucigalpa, Honduras – Durante la instalación de la primera legislatura del Congreso Nacional para el período 2026–2030, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, rindió su informe anual de labores, en el que destacó una serie de avances orientados a fortalecer la transparencia, la eficiencia judicial y la protección de los derechos fundamentales.
En su intervención ante los diputados, la magistrada presidenta subrayó la aprobación de la Política de Justicia Abierta, una iniciativa que, según explicó, busca acercar el Poder Judicial a la ciudadanía y consolidar un sistema que escuche, rinda cuentas y promueva reformas estructurales en la administración de justicia.
“Trabajamos por un Poder Judicial que escucha y que impulsa una verdadera reforma de justicia”, señaló Obando, al insistir en la necesidad de modernizar los procesos judiciales y responder a las demandas sociales.
Avances en niñez, procesos penales y crimen organizado
Entre los logros expuestos, la titular del Poder Judicial resaltó la aprobación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, una herramienta destinada a garantizar el respeto de los derechos fundamentales de niñas y niños, al obligar al cumplimiento de responsabilidades parentales.
Asimismo, informó que se han impulsado reformas orientadas a agilizar los procesos penales, con el objetivo de reducir la mora judicial y mejorar la respuesta del sistema ante los delitos.
En materia de seguridad y justicia especializada, Obando destacó la creación de un circuito especial para conocer casos relacionados con crimen organizado, corrupción y delitos ambientales, áreas que calificó como prioritarias para el país.
Cifras del sistema judicial
Durante su informe, la presidenta de la CSJ detalló que el Poder Judicial ha realizado más de nueve mil audiencias virtuales, como parte de la modernización tecnológica y el acceso a la justicia.
Indicó además que cada año los juzgados reciben alrededor de 15 mil denuncias por violencia doméstica, una problemática que continúa representando un desafío estructural para el sistema judicial.
Solo en 2025, se emitieron 10,728 resoluciones judiciales, reflejo —según explicó— del esfuerzo por dar respuesta a una alta carga procesal.
Llamado al Congreso para reformas clave
Obando reconoció que la sociedad hondureña exige acciones concretas frente a la violencia y la impunidad, por lo que solicitó al Congreso Nacional su respaldo para aprobar las reformas a la Ley Especial contra la Violencia Doméstica, elaboradas en conjunto con el Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil.
Finalmente, reiteró que el respeto y la protección de los derechos de niñas y niños de Honduras es una prioridad para el Poder Judicial, e insistió en que el trabajo articulado entre instituciones es clave para avanzar en una justicia más humana y efectiva.
