Tegucigalpa, Honduras – La reciente orden de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de eliminar el tratado de extradición con Estados Unidos ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social del país.
Esta decisión llega después de que la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, expresara su sorpresa por el viaje de funcionarios hondureños a Venezuela para reunirse con autoridades de ese país, algunas de las cuales han sido señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El anuncio ha sido recibido con fuertes críticas por parte de varios actores políticos y sociales.
Nasry Asfura, precandidato presidencial por el Partido Nacional, calificó el rompimiento del tratado de extradición como “una desgracia” para Honduras, sugiriendo que esta medida podría tener repercusiones negativas en la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.
Por su parte, Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), también se pronunció al respecto, afirmando:
“Denunciar el tratado de extradición es verse de cuerpo entero ante el espejo de la narcodictadura anterior”.
Sus declaraciones reflejan una preocupación por la posible regresión en los esfuerzos anticorrupción del país.
El exministro Edmundo Orellana se mostró a favor de la extradición, destacando la importancia de esta herramienta en la lucha contra el narcotráfico.
“El narcotráfico es un fenómeno transnacional. Combatirlo es un compromiso de la comunidad internacional. La extradición es el instrumento más efectivo hasta ahora para enfrentarlo”, enfatizó Orellana.
En contraste, el dirigente del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, responsabilizó al partido de la presidenta Castro, Libre, de convertir a Honduras en un “narcoestado” por su decisión de eliminar el tratado de extradición con Estados Unidos.
Mientras la diputada Maribel Espinoza, enfatizó que LIBRE ya no tiene la estatura etica para mostrarse ante el pueblo, como diferente al actuar del Partido Nacional.
La eliminación del tratado de extradición ha abierto un intenso debate en Honduras sobre las implicaciones que esta medida podría tener en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, así como en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
