La Presidencia del Poder Judicial anunció una investigación inmediata sobre las actuaciones judiciales en el caso Koriun Inversiones, luego del polémico cambio de medidas cautelares otorgado al exgerente Iván Abad Velásquez Castro, procesado por delitos de alto impacto.
La decisión fue comunicada por el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, quien detalló que el magistrado presidente Wagner Vallecillo instruyó a la Supervisión General a iniciar de forma urgente una inspección en el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Revisarán cómo se modificaron las medidas cautelares
Según el comunicado, la investigación se centrará en revisar la ruta completa que llevó al cambio de medidas en favor de Velásquez Castro, acusado por lavado de activos, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones incluyendo armas de uso prohibido, además de desobediencia.
Los supervisores evaluarán:
- La presentación de la solicitud de revisión de medidas
- El desarrollo de la audiencia
- Los medios de prueba evacuados
- El cumplimiento de plazos procesales
- La legalidad de la resolución del juez
Inspección se ampliará a otros casos de alto impacto
La instrucción no solo abarca el caso Koriun. El Poder Judicial informó que la inspección también alcanzará otros dos procesos resueltos el mismo día, vinculados a delitos de tráfico de drogas y trata de personas, con el objetivo de determinar si hubo irregularidades en el actuar de los servidores judiciales.
Estas diligencias se realizan de oficio, como parte de los lineamientos de justicia abierta y transparencia que la actual administración asegura promover.
Un caso con múltiples afectados y creciente presión pública
El proceso relacionado a Koriun Inversiones ha generado un fuerte reclamo social debido al número de personas afectadas económicamente tras el colapso de la plataforma. El Poder Judicial reconoció esta situación y subrayó que las resoluciones deben procurar no causar nuevos perjuicios a los aportantes, priorizando la protección de las víctimas.
La institución también reiteró su compromiso con el debido proceso, la correcta conducción de las audiencias y la emisión de decisiones apegadas a la ley, en medio de cuestionamientos crecientes por el manejo de casos de alto impacto en Honduras.
