La Sala Constitucional recibió este recurso de parte del Partido Liberal y ahora será analizada en el Congreso Nacional.
Tegucigalpa. La Corte Suprema de Justicia de Honduras, a través de la Sala de lo Constitucional, admitió un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 27-2010. Esta normativa dio origen a la Ley de Privación de Dominio y a la Oficina Administradora de Bienes Incautados.
El portavoz judicial, Melvin Duarte, informó que el recurso fue admitido en su totalidad. Explicó que fue presentado vía excepción, lo que abre de manera formal el proceso de análisis constitucional.
El recurso fue interpuesto por el Partido Liberal de Honduras. Tras su admisión, ahora corresponde al Ministerio Público de Honduras emitir su opinión en un plazo de seis días.
Una vez que el ente fiscal entregue su dictamen, el expediente regresará a la Sala de lo Constitucional. Posteriormente, los magistrados deberán emitir un fallo definitivo sobre el caso.
