Tegucigalpa. La designada presidencial Mejía confirmó que el juicio político en contra del fiscal general Johel Zelaya continúa vigente dentro del Congreso Nacional, respaldado por las bancadas del Partido Nacional y el Partido Liberal.
La afirmación se da en medio de un clima político tenso, donde sectores de distintos partidos han planteado la necesidad de evaluar la gestión de la Fiscalía General de la República (FGR) y la actuación del titular en el ejercicio de sus funciones.
Según Mejía, el proceso no se ha cancelado ni frenado, y sigue su curso conforme a lo establecido por los órganos legislativos competentes.
Apoyo de bancadas y contexto político
La funcionaria detalló que congresistas de las principales fuerzas políticas en particular de los bloques nacionalista y liberal han mostrado su respaldo para mantener en curso el juicio político, como una forma de evaluar la responsabilidad y desempeño del fiscal general.
Este respaldo ocurre en un momento en que la institucionalidad y los mecanismos de control político son objeto de debate en el país, especialmente en lo que respecta al equilibrio entre poderes del Estado y el ejercicio autónomo de la FGR.
Postura de la designada presidencial
Mejía señaló que el juicio político no es un acto contra la institucionalidad, sino una herramienta legal que permite al Legislativo ejercer sus atribuciones de revisión y control sobre funcionarios con mandatos públicos. Subrayó que cualquier procedimiento seguirá el debido proceso y respetará las garantías legales correspondientes.
“No se trata de una persecución, sino de un análisis profundo de la gestión, tal como lo autoriza nuestra ley vigente”, afirmó Mejía, enfatizando la importancia de la transparencia y el respeto al Estado de Derecho.
Reacciones y próximos pasos
Hasta el momento, el fiscal Johel Zelaya no ha emitido una declaración pública respecto a la confirmación de la designada presidencial, aunque fuentes cercanas al proceso señalan que su defensa estaría evaluando los pasos a seguir en el marco legal correspondiente.
El Congreso Nacional, por su parte, ha reiterado que cualquier decisión relacionada con el juicio político requerirá el cumplimiento de los plazos y procedimientos establecidos en la carta magna y las leyes que rigen estos mecanismos.
