El Ministerio Público solicitó este jueves una condena de 36 años de prisión para Katherine Yulibeth Romero Sorto, de 28 años, conocida como “La Madrastra”, luego de que fuera declarada culpable por tres delitos sexuales cometidos contra dos menores que estaban bajo su cuidado.
La lectura definitiva de la sentencia será notificada en los próximos días y se perfila como uno de los fallos más emblemáticos en materia de protección de la niñez en la última década.
Una condena entre las más severas del Código Penal
Los representantes legales de las víctimas resaltaron que la pena solicitada figura entre las más altas contempladas para delitos sexuales en Honduras, agravada por la convivencia familiar y la posición de autoridad que la acusada tenía sobre los menores.
El Ministerio Público pidió además su inhabilitación absoluta al comprobarse elementos de premeditación y parentesco afín, según informó el Tribunal al cierre de la audiencia.
El expediente judicial establece que los abusos no fueron hechos aislados, sino un patrón sostenido durante seis años, iniciado cuando el niño tenía once años y la niña siete. La acusada aprovechaba los momentos en que el padre de los menores se ausentaba por motivos laborales.
Pruebas contundentes y testimonios protegidos
El fallo condenatorio del 10 de marzo se sustentó en un bloque probatorio descrito por el Tribunal como “contundente y sin resquicio de duda”.
Los testimonios fueron recibidos mediante Cámara Gesell para proteger la integridad emocional de los menores, quienes relataron de forma clara y coherente lo ocurrido.
Peritajes digitales aportaron evidencia clave recuperada tras la captura de Romero Sorto el 26 de mayo de 2025 en un centro comercial de San Pedro Sula. Informes de Medicina Forense confirmaron daños emocionales severos compatibles con abuso prolongado, según documentación del Ministerio Público.
La audiencia y las declaraciones de la acusada
Durante la audiencia de individualización de la pena, Romero Sorto rompió en llanto al escuchar la petición fiscal, pero sus declaraciones llamaron la atención: lejos de referirse a los hechos, se enfocó en un reclamo económico hacia su expareja, exigiendo que retirara sus pertenencias de su vivienda y le pagara una deuda de 15 mil lempiras.
La defensa solicitó una pena mínima argumentando aspectos de conducta previa, pero el Tribunal se retiró a deliberar con una valoración amplia del daño causado.
La denuncia del padre y la captura de la acusada
La investigación inició cuando el padre de los menores detectó señales de alarma y decidió presentar la denuncia. Agentes de la ATIC ejecutaron posteriormente un operativo que culminó con la captura de la mujer, quien intentaba continuar su vida cotidiana mientras enfrentaba las acusaciones.
Desde su detención, Romero Sorto permanece bajo prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, mientras se define su condena final.
La sociedad espera un fallo definitivo
Las víctimas reciben actualmente atención psicológica especializada.
El país sigue atento a la resolución del Tribunal, un fallo que marcará un precedente en la protección integral de la niñez y en el combate a los delitos sexuales en el entorno familiar.
