Perú – El Congreso peruano aprobó este jueves una moción que reitera la declaración de persona non grata contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras sus recientes afirmaciones sobre la soberanía de la isla amazónica Santa Rosa de Loreto, que Perú considera parte de su territorio. La medida solicita que el Ministerio de Relaciones Exteriores comunique oficialmente esta decisión al Gobierno colombiano y a la comunidad internacional.
Esta no es la primera vez que el Legislativo peruano adopta una medida similar. En 2023, tras las protestas antigubernamentales contra la presidenta Dina Boluarte, Petro no reconoció la legitimidad de la mandataria, lo que generó la primera declaración de persona non grata. La nueva moción responde a recientes actos que Lima considera provocaciones, como la colocación de una bandera colombiana en la isla, el sobrevuelo de un avión militar colombiano y la detención de dos topógrafos de ese país.
La disputa se centra en la interpretación de tratados históricos. Bogotá sostiene que la isla surgió después del Tratado de Santa Rosa de 1922 y no estaría cubierta por el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que definió los límites bilaterales. Por su parte, Lima defiende que la isla Chinería, donde se ubica Santa Rosa, pertenece a Perú y su soberanía fue ratificada en 1929.
En un gesto simbólico, la presidenta Boluarte visitó la isla la semana pasada para reafirmar que «no se cederá ni un centímetro de territorio». La tensión diplomática ha llevado a que ambos cancilleres busquen soluciones a través del diálogo. Este jueves, Rosa Yolanda Villavicencio, de Colombia, y Elmer Schialer, de Perú, se reunieron en Bogotá durante la V Cumbre de Países Amazónicos, donde coincidieron en fortalecer la cooperación fronteriza y la integración regional.
Durante el encuentro, se anunció la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera peruano-colombiana (Comperif), que se realizará en Lima los próximos 11 y 12 de septiembre. Los ministros destacaron la importancia de garantizar la navegabilidad del río Amazonas y atender a las comunidades que viven en la frontera común, priorizando la coordinación y el respeto mutuo.
