Nueva York, Estados Unidos
El Gobierno de Daniel Ortega ha llevado a cabo una intensa represión que prácticamente ha erradicado toda voz crítica u opositora en Nicaragua, según las últimas investigaciones de la ONU sobre derechos humanos en el país.
El Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU reveló en un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos que la persecución política se ha vuelto más sutil, buscando no solo desmantelar la oposición actual sino también disuadir futuras iniciativas de movilización social.
Jan Simon, presidente del grupo, afirmó: “El presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional”. El crimen, según el informe, consiste en perseguir a su propio pueblo, principalmente a estudiantes, indígenas, afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas.
La persecución se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua, afectando a los nicaragüenses que han perdido su nacionalidad y documentos oficiales, negándoles apoyo consular y evitando la reunificación familiar. Además, los familiares de las víctimas y niños son perseguidos, con casos de violencia contra menores relacionada con la actividad de sus padres o familiares.
Ángela Buitrago, miembro del Grupo de Expertos, destacó: “Los niños y niñas han sido violentados debido a su relación parental o a las actividades u opiniones expresadas por sus padres o familiares”.
El informe también revela la consolidación del control total de Ortega sobre los poderes e instituciones, especialmente el judicial. Ariela Peralta, experta del grupo, advirtió que la centralización del poder garantiza la impunidad de los perpetradores y socava los esfuerzos por lograr la rendición de cuentas.
Como respuesta, el Grupo insta a los países a ampliar las sanciones contra personas e instituciones vinculadas a violaciones de derechos humanos en Nicaragua, considerándolas “una forma mínima de rendición de cuentas en un país donde la impunidad y la criminalización de la democracia son la regla”.
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