Tegucigalpa, 25 de julio de 2024 – Este jueves, el Comité de Derechos Humanos de la ONU urgió a Honduras a garantizar que las medidas adoptadas en la lucha contra el crimen organizado.
Incluidas las del Plan Nacional de Solución aprobado en 2023, cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos.
En su último informe tras el tercer examen periódico de Honduras, el Comité expresó preocupación por diversas medidas del plan, tales como la calificación de miembros de maras, pandillas y bandas del crimen organizado como “terroristas”, la aplicación sistemática de prisión preventiva y los juicios colectivos por crímenes.
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El Comité instó a Honduras a asegurar que todas las acciones adoptadas en la lucha contra el crimen organizado se alineen plenamente con las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, enfatizó la necesidad de reforzar las estrategias para combatir el reclutamiento de niños por bandas criminales.
Esto incluye sensibilización, prevención y respuesta temprana, así como el fortalecimiento de entornos protectores en el ámbito familiar, escolar y comunitario, y la protección de los niños que se oponen a integrarse en estas bandas.
El Comité de la ONU también expresó su preocupación por la prórroga sistemática del estado de excepción en el país desde 2022.
Declarado para abordar perturbaciones de paz y seguridad causadas por grupos criminales.
Se han recibido informes de violaciones de derechos humanos en el marco de este estado de excepción, tales como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, malos tratos y detenciones ilegales.
Por ello, solicitaron a las autoridades hondureñas investigar estas denuncias y asegurar que cualquier medida bajo el estado de emergencia sea “estrictamente necesaria, proporcional, temporal y sujeta a revisión judicial”.
El informe también abordó la situación en las cárceles del país y el proceso de desmilitarización iniciado en 2023 tras la muerte de 46 mujeres en un motín carcelario.
A pesar del inicio de la transferencia de la gestión penitenciaria a autoridades civiles, el Comité lamentó que este proceso aún no haya concluido y expresó preocupación por las condiciones de inseguridad y vulnerabilidad en los centros penitenciarios.
Además, el Comité alertó sobre la situación de diversos colectivos sociales en Honduras, incluyendo la comunidad LGTBIQ+, mujeres, pueblos indígenas, afrohondureños y migrantes.
Estos grupos, según el informe, carecen de garantías constitucionales y legislativas adecuadas de igualdad y no discriminación.
