San Pedro Sula, Cortés
La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción por unanimidad de votos declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa para revocar auto de formal procesamiento obtenido por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) de San Pedro Sula contra la fiscal Francia Medina.
Asimismo, la defensa que alega la inocencia de la exfiscal interpuso recurso de reposición contra resolución de la Corte de Apelaciones, sin embargo, el mismo fue declarado sin lugar.
El Ministerio Público en la audiencia inicial, presentó más de 22 medios de pruebas que vinculan a la profesional del derecho de haber retirado 88 millones 600 mil lempiras que el Banco Central de Honduras (BCH) mantenía guardados como evidencias.
De acuerdo a las investigaciones de equipos especiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), estos retiros los realizó la fiscal Medina sin haber comunicado a las autoridades superiores del Ministerio Público en los últimos dos años para darles un destino personal.
Es preciso destacar que el Juzgado de Letras de lo Penal en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, suspendió del cargo como fiscal auxiliar del Ministerio Público a la imputada Francia Sofía Medina.
A través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) le aseguraron a la imputada siete bienes inmuebles, 20 vehículos y nueve cuentas bancarias situados en los departamentos de Comayagua y Cortés.
Es así que la Corte de Apelaciones le confirma a Medina el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva por los delitos de lavado de activos, sustracción, destrucción, ocultación u inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito y 38 delitos de falsificación documentos públicos.
El Ministerio Público reitera que se seguirá con el proceso de depuración en contra de fiscales, agentes o cualquier empleado de la institución que esté dedicado a cometer hechos delictivos, porque no se permitirá más corrupción.
