Tegucigalpa, Francisco Morazán – El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), ha presentado un requerimiento fiscal contra tres exjuezas del Tribunal de Sentencias, Sala Tercera: Telma Aracely Cantarero Benítez, Zoila Rosa Hernández Velásquez y Ruth Anabella Cruz Zamora.
Las exfuncionarias son acusadas de violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad en relación con un conflicto de propiedad prolongado en la colonia Cerro Grande, que afecta a una familia y a una empresa urbanizadora.
La acusación se deriva de la presunta omisión de las exjuezas en la resolución de excepciones claves, como la falta de acción y la incompetencia, dentro del caso de disputa de propiedad.
Entre las alegaciones está que las exjuezas ordenaron un desalojo que, según investigaciones, fue ejecutado de manera irregular, afectando los derechos de varias familias.
El conflicto se remonta a un reclamo por parte de la familia afectada, quienes presentaron excepciones legales argumentando que el caso debía ser resuelto en tribunales civiles.
Entre las pruebas presentadas se encuentra una sentencia de casación de 2004, la cual reconocía los derechos de la familia sobre los terrenos.
A pesar de estas excepciones sin resolver, en 2010, las exjuezas ordenaron el desalojo de las propiedades en disputa, ejecutado el 3 de julio de ese año, lo que resultó en la demolición de viviendas y construcciones, además del desplazamiento forzado de las familias afectadas.
En 2012, tras una serie de recusaciones, el caso fue reasignado a un nuevo tribunal, que finalmente falló a favor de los afectados.
El tribunal determinó que las excepciones legales no fueron atendidas a tiempo y declaró que el caso debía ser tratado en el ámbito civil.
Este requerimiento fiscal es parte de los esfuerzos del MP para garantizar la rendición de cuentas dentro del sistema judicial y asegurar que los derechos de los ciudadanos sean respetados.
