
San Pedro Sula – El Ministerio Público presentó este lunes un requerimiento fiscal contra actuales y exfuncionarios de la Alcaldía de San Pedro Sula, así como contra particulares, por su presunta participación en una red de corrupción que causó un perjuicio económico de más de 45.5 millones de lempiras mediante 33 contratos fraudulentos.
Contratos irregulares y desvío de fondos
De acuerdo con la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), entre julio de 2023 y abril de 2024 se adjudicaron contratos a la empresa Constructora HERCO D. S. de R.L. para proyectos de mejoramiento vial.
Sin embargo, se comprobó que muchos de estos fueron fraccionados de manera irregular y otros no llegaron a ejecutarse, pese a haberse realizado los desembolsos.
El requerimiento fiscal señala que funcionarios municipales autorizaron pagos sin verificar avances ni cumplimiento de las obras.
Entre los proyectos incumplidos figuran la rehabilitación de carreteras y la reparación de un complejo deportivo en la zona de El Merendón, donde no existe evidencia de que se introdujera maquinaria.
Funcionarios y particulares acusados
La acusación involucra a Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega (representante de HERCO D.); Steven Adolfo Fajardo Vargas (yerno del alcalde de SPS); Josué David Fajardo Hernández (tío de Fajardo); y representantes de otras empresas que habrían actuado como cómplices.
También se acusa a actuales funcionarios municipales como Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica, Marlen Mena Gómez, Xavier Lacayo Delgado, Luis Enrique Saa y Walter Cartagena Villagra.
Los delitos imputados incluyen fraude, tráfico de influencias, violación de los deberes de los funcionarios y lavado de activos.
Planificación previa y simulación de legalidad
Según las investigaciones, antes de adjudicar los contratos se realizaron reuniones entre funcionarios y empresarios para coordinar la entrega de proyectos a HERCO D., mientras que otras compañías solo fueron incluidas como “relleno” para simular legalidad. La empresa tampoco presentó garantías de anticipo ni nómina de personal técnico, lo que constituye otra irregularidad detectada por el MP.
Con estas acusaciones, el Ministerio Público busca sentar un precedente en la lucha contra la corrupción municipal, señalando que el daño a las finanzas públicas supera los 45 millones de lempiras y que varios de los proyectos nunca se ejecutaron.
Reacción del alcalde Roberto Contreras
Tras conocerse la noticia, el edil sampedrano reaccionó en entrevista a medios donde calificó la acción como un “ataque político directo” en su contra. Además, anunció que brindará una conferencia de prensa a las 9:00 de la mañana para ampliar su postura sobre el caso.
Proceso en desarrollo
Steve Fajardo se desempeña como colaborador cercano en la administración municipal y es esposo de una de las hijas del alcalde. De acuerdo con trascendidos, su aprehensión estaría vinculada a investigaciones en curso del Ministerio Público.
Por ahora, las autoridades competentes no han emitido un informe oficial sobre los cargos, mientras que el proceso judicial continúa en desarrollo.