Estados Unidos – El Ministerio de Trabajo de Ecuador ha sancionado a la vicepresidenta Verónica Abad con 150 días de suspensión sin sueldo por “abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales.”
La medida llega en un momento clave para Ecuador, que está inmerso en el proceso electoral donde el presidente, Daniel Noboa, figura como uno de los aspirantes a la presidencia para el período 2025-2029.
Según las disposiciones, Noboa debería delegar sus funciones a Abad para poder hacer campaña, pero entre ambos existe una relación tensa desde el inicio del gobierno, cuando Noboa designó a Abad como embajadora en Israel.
El Ministerio argumenta que la sanción se debe a la ausencia de Abad, quien no se presentó en Turquía en la fecha establecida durante una misión diplomática en medio de la crisis en Oriente Medio.
Abad ha calificado esta sanción como “persecución política,” y sostiene que el Ministerio de Trabajo no tiene la autoridad para sancionarla, dado que la destitución de una vicepresidenta recae en el Parlamento ecuatoriano.
Para Abad, la medida es un intento de bloquear su eventual reemplazo a Noboa en caso de que éste se retire temporalmente para hacer campaña.
Voces de distintos sectores se han pronunciado sobre la sanción. Henry Cucalón, candidato presidencial, criticó la acción en redes sociales, calificándola de “inconstitucional e ilegal” y afirmando que el propósito de la sanción es impedir que Abad asuma la presidencia de forma temporal.
En contraste, el abogado Eduardo Franco Loor argumentó que la sanción carece de validez constitucional y que Abad debería buscar amparo judicial.
La sanción se emitió el 8 de noviembre, coincidiendo con la denuncia que Abad presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunta violencia política de género en contra de Noboa y otros funcionarios de su administración.
Según el abogado de Abad, los altos cargos en el gobierno han intentado bloquear el ejercicio de sus funciones y han ejercido presiones para provocar su renuncia.
El conflicto se da en un entorno de denuncias cruzadas de violencia de género entre Abad y otros funcionarios, mientras el TCE también procesa contrademandas interpuestas por funcionarias del gobierno en contra de la vicepresidenta.
La decisión del Ministerio llega días después de que el TCE multara a Abad con 8,500 dólares por haber hecho campaña fuera de tiempo en las elecciones de 2023.
