La designada presidencial aseguró que el gobierno saliente hizo todo lo posible para que la nueva administración no tuviera éxito.
Tegucigalpa. La designada presidencial, María Antonieta Mejía, dio a conocer este lunes una serie de hallazgos detectados tras la transición gubernamental, señalando presuntas irregularidades financieras heredadas por la actual administración.
Mejía denunció que durante el gobierno saliente se autorizaron dobles pagos, incrementos salariales desproporcionados y el pago de indemnizaciones, pese a que públicamente se había asegurado que estas no se realizarían. Como ejemplo, mencionó casos en los que salarios pasaron de 25 mil a 70 mil lempiras, calificando estas acciones como “una grosería”.
Asimismo, informó que varios pagos de indemnizaciones que ya estaban cargados en la Secretaría de Finanzas y listos para ser depositados fueron detenidos oportunamente.
En cuanto al uso de recursos públicos, detalló que la renta de vehículos representaba un gasto mensual de aproximadamente 1,400 millones de lempiras. También cuestionó la contratación de personal en el canal del Estado, donde figuran más de 1,600 empleados, muchos de los cuales no fueron localizados físicamente. “En un canal tan pequeño, esto refleja lo abusivo que fue el gobierno anterior en algunos temas”, expresó.
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La designada presidencial agregó que existen salarios pendientes de pago correspondientes a estudiantes de medicina, médicos, enfermeras y maestros, así como deudas con proveedores, situación que agrava la crisis financiera.
Dejaron casi en quiebra a la nueva administración
Mejía afirmó que el país enfrenta serios problemas en infraestructura, energía, salud y transferencias a los gobiernos locales, señalando que todos estos sectores requieren recursos económicos que, según dijo, “el gobierno anterior dejó prácticamente agotados”. Aseguró que estas denuncias serán sustentadas conforme avancen las auditorías.
En ese contexto, describió la Caja Única del Estado como “vacía, escurrida y exprimida”.
Finalmente, informó que el actual gobierno realiza gestiones para recuperar los códigos de acceso a los sistemas estatales, los cuales no habrían sido entregados por la administración anterior.
