Tegucigalpa, Honduras – El Juzgado de Letras Designado dictó arresto domiciliario con resguardo policial contra Irisabel Lucía Miranda Hernández, exfuncionaria judicial acusada de participar en el delito de prevaricato judicial, tras autorizar la continuación de demandas anuladas, generando un perjuicio de L3,084 millones al Estado de Honduras.
La causa es parte de un proceso especial aplicable a altos funcionarios, y según el requerimiento fiscal, Miranda Hernández permitió que un expediente avanzara en contra de lo que dictaban resoluciones firmes que ya lo habían anulado, beneficiando así a los demandantes de forma irregular.
La relacionan con el diputado Nelson Márquez
Según el Ministerio Público, Miranda Hernández actuó en coordinación con otros funcionarios, entre ellos el diputado Nelson Márquez, presuntamente favorecido en el expediente cuestionado.
Este martes, la acusada deberá comparecer nuevamente a la audiencia inicial programada para las 2:00 pm, junto a otros imputados que permanecen en prisión preventiva en el Centro Penal de Támara.
El caso involucra a otros jueces y funcionarios
La trama de irregularidades también señala al juez Raymundo Grádiz, actualmente bajo detención judicial por el mismo delito, además de Juan Fernando Madrid, Caronte Rojas y Eva Vásquez, todos investigados por su rol en un presunto desfalco al Estado hondureño.
El Ministerio Público asegura que continuará impulsando el caso, bajo su compromiso de perseguir la corrupción judicial y proteger los recursos del Estado.
