Tegucigalpa. El Congreso Nacional de Honduras admitió formalmente una denuncia de juicio político contra el fiscal general Johel Antonio Zelaya Álvarez, tras una sesión marcada por debates y tensión entre bancadas políticas.
Como resultado, Zelaya fue suspendido temporalmente de su cargo mientras avanza el proceso constitucional en su contra.
La denuncia fue presentada por varios diputados ante el pleno Legislativo, bajo la premisa de que el funcionario habría incurrido en faltas graves durante el ejercicio de sus funciones al frente del Ministerio Público, especialmente en el contexto del proceso electoral pasado y otras actuaciones consideradas contrarias a la Constitución.
Principales causales señaladas en la denuncia
El documento legal, que ahora forma parte del expediente para iniciar el juicio político, enumera tres causales principales que, según los legisladores, justifican la apertura del proceso:
- Actuaciones contrarias a la Constitución y al interés nacional, al llevar a cabo acciones que han puesto en riesgo la institucionalidad democrática.
- Negligencia e incapacidad manifiesta en el desempeño de sus funciones, por decisiones y omisiones que habrían contravenido normas fundamentales del marco legal hondureño.
- Pérdida de objetividad y autonomía institucional, al tomar decisiones que afectaron la independencia de órganos como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral.
La denuncia detalla que estas actuaciones se habrían registrado, en particular, contra autoridades electorales durante el proceso de elecciones generales de 2025, generando cuestionamientos sobre la independencia del Ministerio Público frente a otros poderes del Estado.
Suspensión y pasos del proceso político
Con la admisión de la denuncia, el Congreso Nacional decidió suspender a Johel Zelaya como fiscal general mientras se completa la investigación y se sigue el trámite previsto en la Constitución y la Ley Especial de Juicio Político.
El Legislativo también aprobó la conformación de una comisión especial de investigación, integrada por diputados que serán los encargados de examinar detalladamente los hechos alegados en la denuncia y elaborar un informe para que el pleno pueda deliberar sobre una eventual destitución definitiva.
Mientras tanto, Marcio Cabañas fue designado como fiscal general interino para asegurar el funcionamiento del Ministerio Público durante el desarrollo del proceso.
Reacciones y contexto político
La admisión del juicio político ha generado reacciones encontradas en el país. Sectores políticos y sociales han expresado tanto respaldo como críticas al proceso. Algunas voces desde la oposición han denunciado que el uso de este mecanismo responde a intereses partidarios y no solo a causales técnicas, lo que ha encendido el debate sobre la independencia judicial y el equilibrio entre poderes.
El proceso contra Zelaya marca un hecho relevante en la historia política reciente de Honduras, ya que pone en evidencia la tensión entre el Poder Legislativo y el Ministerio Público en un contexto poselectoral y de fuerte polarización.
¿Qué sigue en el juicio político?
El procedimiento constitucional para un juicio político contempla varias fases:
- Investigación y recopilación de pruebas por la comisión especial.
- Presentación de un informe al pleno del Congreso, que decidirá si procede o no la destitución de Zelaya.
- Debate y votación final por parte de los diputados para ratificar la condena política, que podría resultar en la remoción definitiva del cargo público conforme a la Constitución.
