Tegucigalpa.- Un juez de la República dictó fallo judicial la tarde de este lunes contra 11 agentes de la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), declarándolos responsables de múltiples delitos graves graves cometidos en el ejercicio de sus funciones. El dictamen judicial se deriva de un expediente que vincula directamente a los uniformados con violaciones flagrantes a los derechos humanos y a los procedimientos de seguridad del Estado.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, las acusaciones presentadas incluyen la comisión de delitos de robo con violencia e intimidación, evasión ilegal de la libertad, tortura, falsificación de documentos públicos y falso testimonio.
Lista de los agentes imputados
El proceso penal abarca a más de una decena de exmiembros de la estructura policial, quienes ahora enfrentan las consecuencias jurídicas de sus actos:
- Detenidas: Bertha Janina Alemán Antúnez y Evely Dalian Triminio Gonzales.
- Agentes procesados: Yony Omar Raudales Núñez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez y Fernando Josué Castellanos Canales.
- Cuerpo operativo: Wilmer Joel López Gómez, Esdras Sadrat Amaya Martínez y Andy Josué Pérez Zelaya.
- Otros implicados: Elvin Antonio Ramos Ramos, Wuilson Isaac Bonilla Hernández y Lener Gilberto Quintanilla Gallardo.
Allanamiento ilegal contra ciudadanos extranjeros
El expediente penal estuvo a cargo de los agentes de investigación de los delitos contra la administración pública de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Los minuciosos informes técnicos determinaron que los hechos delictivos ocurrieron en fecha 13 de noviembre de 2023, en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés.
En esa ocasión, los agentes de la DIPAMPCO irrumpieron de forma violenta en el domicilio de dos personas originarias de Filipinas. La investigación científica comprobó que los policías ejecutaron el allanamiento de morada sin contar con la debida orden judicial requerida por la ley y, aprovechándose de sus cargos y armas de reglamento, les despojaron de sus pertenencias personales y de valor, un hecho criminal que posteriormente intentaron encubrir mediante actas falsas y testimonios fraudulentos ante sus superior.
