Tegucigalpa.- El exsecretario de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, informó que este martes concluirá la presentación de medios de prueba en la audiencia inicial por el caso denominado “Chequesol”. Durante la jornada, la defensa técnica se centró en la revisión de solicitudes emitidas desde el Congreso Nacional y el análisis de comunicaciones digitales que detallan el manejo de recursos hacia militantes del partido Libre.
Evidencia y nexos políticos
Cardona detalló que las pruebas presentadas ante el juez incluyen documentos oficiales y registros de chats que comprometen a figuras de la administración legislativa anterior:
- Firmas bajo revisión: Se examinaron las solicitudes de fondos firmadas por el expresidente del Congreso, Luis Redondo, y el exsecretario Carlos Zelaya.
- Trato a militancia: Mediante la revisión de chats, la defensa buscó demostrar cómo se gestionaron los recursos destinados a personas pertenecientes al Partido Libertad y Refundación (Libre).
- Defensa de Cardona: El exfuncionario reiteró que la acusación en su contra es de naturaleza “política”, asegurando que no existe evidencia alguna de que él se haya apropiado de dinero destinado a ayudas sociales.
Llamado a testificar
El extitular de Sedesol fue enfático al señalar que tanto Carlos Zelaya como Luis Redondo deben comparecer ante la justicia para esclarecer el destino final de los fondos:
- Sin impedimentos: “No tendrían por qué no venir; se les pide que testifiquen. No hay nada malo y más bien les puede beneficiar para desvirtuar menciones”, señaló Cardona.
- Señalamientos directos: El imputado trasladó la responsabilidad de explicar el uso del dinero a los políticos involucrados, mencionando específicamente a la diputada Isis Cuéllar y a los exdiputados Zelaya y Redondo.
- Orden judicial: Según Cardona, el juez ya ha tomado las medidas necesarias para que estas personas puedan presentarse a declarar en calidad de testigos, aclarando que no se les está acusando, sino dándoles la oportunidad de aclarar el desvío de fondos.
El proceso judicial busca determinar si los recursos de Sedesol fueron utilizados correctamente o si, por el contrario, sirvieron para fines proselitistas o personales bajo la fachada de ayudas institucionales.
