Tegucigalpa, Honduras — El diputado por el departamento de Francisco Morazán y miembro del partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra los diputados que aprobaron las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
En la sesión legislativa del 23 de enero de 2013, acusándolos de cometer el delito de traición a la patria.
“Hoy vengo nuevamente a presentar una denuncia. Ya lo habíamos hecho anteriormente por diferentes temas, pero hoy tengo esperanza que con el nuevo Fiscal General, el abogado Joel Zelaya, se pueda dar una respuesta positiva al pueblo hondureño”, expresó Herrera.
Dixon Herrera fue enfático al señalar que la aprobación de las ZEDE implicaba la renuncia del territorio nacional, lo que violaba normas constitucionales intangibles.
“La Constitución de la República es clara: quien intente reformar o derogar artículos pétreos comete delito de traición a la patria”, sostuvo.
Además agregó que: “Si no se castiga este delito, si no se castigan los responsables, pues será una invitación para que futuros políticos vuelvan a hacer lo mismo”.
También, subrayó que ceder territorio es un tema que solo puede ser modificado por una Asamblea Nacional Constituyente y no por el Congreso Nacional ordinario.
El diputado explicó que, aunque algunos medios ya han publicado listas de los diputados que apoyaron la ley, solicitó que el Ministerio Público requiera una copia certificada del acta de la sesión del Congreso donde se aprobó el decreto, para asegurar que se investigue a quienes realmente votaron a favor de la polémica legislación.
“Se les advirtió hasta la saciedad que estaban cometiendo un delito, y aun así votaron a favor de las ZEDE”, añadió Dixon Herrera, quien enfatizó que la pena por el delito de traición a la patria oscila entre 15 y 20 años de reclusión, según el Código Penal.
El diputado también responsabilizó a otros sectores del gobierno, afirmando que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, junto con cómplices en la empresa privada, participaron en lo que describió como una “venta del territorio nacional”.
La acción de Dixon Herrera ocurre después que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las ZEDE.
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