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Iowa aprueba ley que permite el arresto y deportación de ciertos inmigrantes

Estados Unidos

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, firmó el miércoles una ley que convertirá en delito que una persona se encuentre en el estado si previamente se le ha negado la admisión o ha sido expulsada de los Estados Unidos.

La medida, que entrará en vigor el 1 de julio, ha generado preocupación en las comunidades de inmigrantes de Iowa y ha suscitado preguntas entre expertos legales y autoridades sobre su aplicación.

En Iowa, al igual que en todo el país, líderes republicanos han acusado al presidente Joe Biden de no cumplir con su responsabilidad de hacer cumplir la ley federal de inmigración. Esto ha llevado a gobernadores republicanos a enviar tropas a Texas y a las legislaturas a proponer diversas estrategias a nivel estatal.

“La Administración Biden no ha logrado hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación, poniendo en riesgo la protección y seguridad de los habitantes de Iowa”, dijo Reynolds en un comunicado tras firmar el proyecto de ley. “Este proyecto de ley otorga a las autoridades de Iowa el poder de hacer lo que él no está dispuesto a hacer: hacer cumplir las leyes de inmigración que ya están vigentes”.

La legislación de Iowa, al igual que la ley de Texas, podría significar cargos criminales para personas con órdenes de deportación pendientes o que han sido expulsadas o se les ha negado la entrada a Estados Unidos. Una vez bajo custodia, los inmigrantes podrían aceptar la orden de un juez para salir del país o ser procesados.

El proyecto de ley de Iowa enfrenta desafíos de implementación y cumplimiento similares a los de la ley de Texas, ya que la deportación es un proceso federal “complicado, costoso y a menudo peligroso”, según Huyen Pham, experto en leyes de inmigración de la Facultad de Derecho de Texas A&M.

Mientras tanto, los grupos comunitarios de inmigrantes en Iowa están organizando reuniones y proporcionando materiales informativos para abordar las preocupaciones de las personas. También están solicitando declaraciones oficiales a las agencias policiales locales y del condado, así como organizando reuniones cara a cara.

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