Tegucigalpa, Honduras – El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEPCAM), ejecuta inspecciones y allanamientos en oficinas de trámites legales y bufetes jurídicos, en el marco de una investigación que apunta a una presunta red de abogados implicados en actividades ilícitas relacionadas con falsificación de documentos públicos.
Las operaciones se llevan a cabo en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Dirección Policial de Investigación (DPI). Las inspecciones se concentran en establecimientos ubicados en el barrio La Granja de Comayagüela y en el bulevar Juan Pablo II de Tegucigalpa.
Denuncias y modus operandi
De acuerdo con denuncias recibidas, esta red de profesionales del derecho estaría involucrada en la venta de certificaciones de autenticidad previamente firmadas y selladas en blanco por notarios, quienes desconocen su uso posterior.
Estos documentos serían utilizados para gestionar trámites legales como escrituras, traspasos, certificaciones, constancias y permisos de salida para menores de edad.
Los documentos falsificados son posteriormente presentados ante diferentes instituciones públicas como parte de las gestiones solicitadas por los usuarios que acuden en busca de asesoría legal.
Delitos investigados
El caso se encuentra enmarcado en los delitos de falsificación de firmas y sellos en documentos públicos. Durante los allanamientos, los agentes de la ATIC realizan el secuestro de documentos, dispositivos de almacenamiento de información, sellos y cualquier otro indicio relevante para el expediente en curso.
Compromiso contra la corrupción
El Ministerio Público reafirma su compromiso de proteger a los consumidores afectados por personas naturales o jurídicas que actúan de manera irregular, así como de combatir la corrupción en todos sus niveles.
En un comunicado, las autoridades instaron a la población a denunciar este tipo de actos para reforzar las investigaciones y garantizar la aplicación de la justicia. Con estas acciones, el Ministerio Público busca desarticular redes ilícitas y fortalecer la transparencia en los servicios legales del país.
