Honduras – La publicación especializada en crimen organizado, InSight Crime, señaló en un reciente artículo que la administración de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, desaprovechó una valiosa oportunidad para reformar el aparato estatal tras la revelación de un narcoescándalo que involucra a su cuñado, Carlos Zelaya.
Según el informe, Zelaya aparece en un video con poderosos barones de la droga que ofrecieron donar 650 mil dólares para la campaña de Libre en 2013.
El artículo recoge opiniones de expertos que subrayan que este escándalo era el momento ideal para reformar instituciones clave como las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, las cuales, aseguran, han sido infiltradas por el narcotráfico. Sin embargo, la presidenta Castro consideró la divulgación del video como un intento de golpe de Estado y optó por atacar a los medios de comunicación en lugar de impulsar dichas reformas.
A continuación el articulo de InSight Crime:
Dos semanas después de que InSight Crime publicara un video que mostraba al cuñado de la presidenta hondureña negociando con narcotraficantes, el gobierno ha evitado proponer reformas significativas y se ha limitado a calificar la publicación del video como una conspiración política.
Pocas horas después de la publicación de la historia, la presidenta Xiomara Castro pronunció un discurso, nacional de 19 minutos acompañada de sus ministros de Seguridad y Defensa.
“El plan para destruir mi gobierno socialista democrático … está en marcha”, declaró Castro en su alocución. “Las [mismas] fuerzas oscuras … con la complicidad de la mediática, corporativa, nacional e internacional se están reorganizando en nuestro país para asestar un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe repeler.”
Además, mientras que Castro condenó “todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos”, también se distanció a sí misma y a su partido, Libertad y Refundación (conocido popularmente como Libre), de las acciones de su cuñado Carlos Zelaya. En una rueda de prensa posterior, describió su conducta como un “error” cometido “sin informar” a la dirección del partido.
En los últimos días, la presidenta y los funcionarios del gobierno también han incrementado las referencias indirectas a un golpe de Estado y han arremetido cada vez más contra la prensa.
Libre convocó un mitin nacional en las calles de Tegucigalpa el 14 de septiembre, aprovechando la celebración del Día de la Independencia de Honduras. Castro pronunció otro discurso, esta vez advirtiendo a los hondureños de que sus adversarios estaban utilizando los medios de comunicación para “destilar veneno”. El discurso se pronunció ante una gran pantalla en la que se leía “el poder popular contra el golpismo”.
El periodista hondureño Óscar Estrada dijo a InSight Crime que las declaraciones de Libre sobre un complot golpista no son nuevas, aunque el gobierno pareció sorprendido por el actual escándalo. Agregó que el video de InSight Crime no debería haber sido una sorpresa para el gobierno, dado que su existencia había sido frecuentemente mencionada en juicios por narcotráfico.
“Yo creo que a nivel de comunicaciones realmente no hay mucho que pueden hacer”, agregó Estrada. “Lo más que pueden esperar es que el escándalo se termine, pero esto no se va a terminar porque viene año electoral”.
Análisis de InSight Crime
La revelación de que el cuñado del presidente negoció con narcotraficantes ha sacudido al gobierno de Castro, pero la respuesta de la administración a la crisis muestra poca disposición para abordar la vulnerabilidad de las instituciones estatales a la infiltración de grupos criminales organizados.
Carlos Zelaya y su hijo dimitieron de sus respectivos cargos de secretario del Congreso y ministro de Defensa pocos días después de que InSight Crime se pusiera en contacto con un funcionario del gobierno para pedirle su opinión antes de que se publicaran el video y el reportaje. Hasta la fecha, no se han anunciado nuevas medidas para fortalecer las instituciones hondureñas tras el escándalo.
Aunque las renuncias de la familia de la presidenta fueron vistas como un paso positivo, Joaquín Mejía, abogado constitucionalista, dijo a InSight Crime que estaba decepcionado con la respuesta general del gobierno. “Yo esperaba al menos tres cosas. La primera cosa que esperaba era que pidiera perdón … Segundo, retirar la denuncia del tratado de extradición … Y en tercer lugar, yo que la presidenta tenía que haber anunciado un profundo proceso de diálogo, reflexión y reestructuración de las Fuerzas Armadas”.
“Las Fuerzas Armadas son los guardianes del proceso electoral”, agregó Mejía. “Nadie está hablando sobre qué hacer con esas Fuerzas Armadas que están obviamente penetradas por el narcotráfico”.
El escándalo en curso podría afectar a las elecciones de 2025. El partido de Castro obtuvo una aplastante victoria en 2021, en parte impulsado por el descontento con el anterior gobierno de Juan Orlando Hernàndez. Durante la campaña electoral, Libre destacó con frecuencia los vínculos entre el Partido Nacional y el narcotráfico, se presentó como la alternativa a la “narcodictadura” de Hernández y celebró la posibilidad de su extradición.
Analistas consultados por InSight Crime sugirieron que, si bien la corrupción dentro de Libre no era comparable a la corrupción arraigada del Partido Nacional, la credibilidad del gobierno de Castro había sufrido un duro golpe con el escándalo que rodea actualmente a la familia de la presidenta.
“Cada vez que intentan recuperar la narrativa, inmediatamente la oposición saca la carta del video de Carlos y se desarticula completamente el debate”, dijo Estrada a InSight Crime.
Mientras el gobierno aviva los temores de un golpe de Estado y proclama su reciente revocación del acuerdo de extradición con Estados Unidos como una victoria para la soberanía nacional de Honduras, parece dejar de lado otras medidas para combatir la influencia del crimen organizado en la política del país.
Aníbal Cálix, exdiputado del Partido Anticorrupción de Honduras, calificó de “injustificable” la decisión del gobierno de cancelar la extradición en Honduras. Sin embargo, señaló que existe la posibilidad de reforzar la normativa nacional sobre financiación de campañas para frenar la influencia del dinero del narcotráfico en la política, una cuestión que ahora afecta a todos los principales partidos políticos de Honduras.
“El partido puede financiar toda la cantidad de acciones que quieran y con los montos que quieran. Y ahí no hay ningún límite”, afirmó. “Hay acciones que se pueden tomar para mejorar esta situación, pero no existe voluntad política para hacerlo”.
Mejía también hizo énfasis en la necesidad de fortalecer el sistema judicial del país. “El Ministerio Público está penetrado por el narcotráfico y se requiere una profunda reestructuración y depuración del Ministerio Público y hasta el momento eso no se ha hecho”. Tales reformas son poco probables a corto plazo, admitió, dada la minoría de Libre en el Congreso y la falta de voluntad política.
